Nueva crisis diplomática entre España y Bélgica a cuenta del tema catalán.

Bélgica vuelve a colocarse como el verso suelto de las cancillerías europeas. El secretario de Estado de Inmigración, el político flamenco Theo Francken, abrió ayer la puerta a conceder asilo político a Carles Puigdemont, si el ex president de la Generalitat decide optar por el exilio, después de haber sido cesado de su cargo. A pesar de que las palabras de Francken fueron posteriormente desmentidas por el propio primer ministro del país, el liberal francófono Charles Michel, estas declaraciones demuestran las dificultades del Ejecutivo federal para moldear su mensaje, siempre dependiente de sus socios de gobierno. En la perennemente intrincada política belga, Michel preside un Gobierno formado por otras tres formaciones de centro derecha, todas ellas flamencas (los nacionalistas de N-VA, los democristianos de CD&V y los liberales de VLD). Francken pertenece a la primera de ellas, el partido más votado en Flandes y que, si bien en los últimos años ha renunciado a la independencia, sigue abogando por convertir Bélgica en un Estado confederal en el que el Ejecutivo central no conserve apenas competencias. Un partido que,curiosamente, ha hecho de la mano dura contra la inmigración una de sus señas de identidad y que ha coqueteado con los postulados de la extrema derecha. Una formación en la que Francken es una estrella emergente.

El secretario de Estado de Inmigración abrió ayer la caja de los truenos en una entrevista a la cadena radiofónica VTM. Ante el temor de que Puigdemont no sea sometido a un «juicio justo», Francken considera que esta posibilidad de asilo político «no es algo irreal». Bélgica es uno de los pocos países de la Unión Europea que puede conceder asilo a los ciudadanos del propio club comunitario, una posibilidad que en el resto de las legislaciones nacionales europeas está circunscrita a lo que se considera «países no seguros», fuera del bloque. La legislación del país permite admitir a trámite una solicitud de un ciudadano europeo pero impone un corto lapso de tiempo para que pueda ser examinada por un juez (sólo cinco días) y a diferencia de los considerados países terceros, no existe la posibilidad de apelación en caso de rechazo.

«Está claro que esto nos pondría en una difícil situación diplomática con el Gobierno español», reconoció Francken mientras prometía tramitar una hipotética solicitud por parte de Puigdemont en escrupuloso respeto de la legislación belga. Como si sus palabras fueran una premonición, horas después Michel pidió a Francken no «echar aceite al fuego» y aseguró que esta posibilidad no estaba «en la agenda».

A pesar de los intentos apaciguadores, llueve sobre mojado. Una entrevista en el periódico francófono «Le Soir» en la que Michel defendía una hipotética intermediación europea en el caso catalán causó importantes roces hace dos semanas entre Bélgica y España, justo antes de la celebración de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas.

La prensa belga publicó un correo entre un alto cargo de Moncloa y el embajador belga en Madrid incluso permitió especular con la posibilidad de que España vetara la candidatura belga a presidir Europol. A pesar de que los dos ejecutivos han luchado por rebajar la tensión, las declaraciones públicas de Charles Michel siguen siendo muy diferentes a la de sus colegas europeos. El pasado viernes, tras la Declaración Unilateral de Independencia, mientras el resto de los socios europeos aseguraban sin ambages que no reconocerían la hipotética nueva república catalana, Michel fue menos contundente. “Una crisis política sólo puede resolverse a través del diálogo. Apelamos a una solución política con respeto al orden nacional e internacional”, escribió el primer ministro belga en su cuenta de twitter, en unas palabras en las que se adivina la sombra alargada de N-VA Michel también fue uno de los pocos líderes europeos que reaccionó el mismo día 1 de octubre y censuró las las cargas policiales para impedir el referéndum ilegal.