El juez ve indicios de delito de soborno de Oriol Pujol en la trama de las ITV

Los problemas de Oriol Pujol con la Justicia se multiplican. En un auto emitido ayer, el juez ve «indicios racionales» de un delito de cohecho (soborno) imputable al diputado de CiU y a su mujer, Anna Vidal, un día después de que la Fiscalía le acusara de haber pedido a un empresario 30.000 euros a cambio de votar a favor de sus intereses en el Parlament en la tramitación de una ley, todo dentro de la trama de las adjudicaciones irregulares de la ITV. Pujol ya está imputado por tráfico de influencias.

No obstante, el juez rechaza la petición de la Fiscalía de abrir una pieza aparte dentro de la trama para investigar estos hechos, porque los ve relacionados con la citada trama. En el auto, el magistrado Enric Anglada cita el próximo 20 de enero a las acusaciones y defensas del caso de las ITV para que se concreten las posturas sobre la imputación por cohecho que plantea el fiscal. Vidal está citada a declarar el mismo día, y el fiscal pide su imputación.

A esta cita acudirán los letrados de las defensas de los ya imputados, el fiscal, la acusación popular y el resto de las partes personadas, además de Vidal y su abogado. Está previsto que se concreten la imputación y que se califique la intervención delictiva.

Todas las versiones

El juez escuchará la versión de la Fiscalía y del resto de las partes, que calificarán la actividad delictiva y pedirán las diligencias que estimen oportunas. También estará la defensa el empersario imputado Sergi Alsina, próximo a Oriol Pujol.

El magistrado considera que esta acusación se debe tramitar por el procedimiento del jurado y dentro de la misma causa que ya se está instruyendo, pero sin que sea necesario abrir una pieza separada ni un nuevo proceso contra Oriol Pujol y los otros implicados, como sí pedía la Fiscalía.

Además, instó al fiscal que se encarga del caso, Fernando Maldonado, a concretar la calificación jurídica de la presunta implicación de otras dos personas que no estaban imputadas –Joan Martí Arjona y Lluís Gasull–, lo que deberán hacer también el resto de las partes.

La nueva línea de investigación se basa en los últimos informes de la Agencia Tributaria, de los que se desprende, según la Fiscalía, que Pujol habría cobrado 30.000 euros al empresario de las ITV Ricard Puignou a cambio de votar a favor de sus intereses en la tramitación de la ley de Seguridad Industrial que aprobó el tripartito. En opinión del magistrado, y una vez examinados los escritos de la Fiscalía y la documentación incluida, «se desprende con absoluta claridad» que de las diligencias practicadas se derivan indicios racionales de delito de cohecho.

Por su parte, el fiscal reaccionó después del nuevo auto del juez y pidió que se impute al citado Gasull, que es ex subdirector general de Política Industrial de la Generalitat, y al antiguo mediador en el sector de la inspección de la vehículos Joan Martí Arjona, por cobrar supuestamente de esta trama para defender sus intereses ante el gobierno tripartito. La fiscalía solicitó ambas imputaciones en un escrito remitido a Anglada. Maldonado pide que Gasull y Martí sean investigados por un juzgado de instrucción en una causa independiente de la trama, al no tratarse de aforados.

Las sospecha del fiscal se basan en otro informe de la Agencia Tributaria, que concluye que el imputado Puignou trató de influir directamente en el desarrollo de la ley de Seguridad Industrial mediante CiU –que entonces estaba en la oposición–, para beneficiar los intereses de la supuesta trama corrupta.

En el marco de esas gestiones para influir en el tripartito, la Agencia Tributaria cree que Gasull cobró 86.000 euros de la trama corrupta, por lo que el fiscal pide que se le impute por los delitos de cohecho y/o tráfico de influencias. Gasull ejerció como subdirector general de política industrial entre mayo de 2007 y mayo de 2008 y actualmente ejerce como coordinador de política energética de la Generalitat.

Según el informe de Hacienda, Puignou contrató también en 2008 a Arjona para que tratara de influir supuestamente «en diversos sujetos con puestos claves» en el departamento de Industria de la Generalitat.