El 155 seguirá vigente si Torra nombra consellers presos

Méndez de Vigo tiende la mano al president para abrir «una nueva etapa» y sentarse a hablar «dentro de la ley».

La restitución de los ex consellers en situación de prisión preventiva mantendría en vigor el artículo 155 de la Constitución y la intervención de la Generalitat de Cataluña. No hay dudas en el Gobierno acerca de que la literalidad del acuerdo aprobado por el Senado obligaría a que no pudiera levantarse la aplicación de este artículo por el que, en octubre del año pasado, fue cesado todo el Gobierno de Puigdemont y se convocaron elecciones autonómicas. Madrid, por tanto, seguiría teniendo que ejercer las funciones del Gobierno catalán porque el 155 está activo hasta que tome posesión, no basta con la investidura del presidente de la Generalitat, «un nuevo Gobierno eficaz y legal, y que pueda cumplir con todas sus obligaciones, entre ellas, por ejemplo, la de estar sometido al control del poder legislativo», explican fuentes del Ejecutivo. La situación de prisión preventiva no permitiría que rindiesen cuentas ante el Parlamento autonómico, apostillan las citadas fuentes.

De momento sólo hay «hipótesis», como ayer señaló el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, para negarse a anticipar escenarios. Pero esas «hipótesis» están sobre la mesa de trabajo de Juntos por Cataluña (JxCat), de Carles Puigdemont, que es quien sigue dirigiendo el proceso, y de su tutelado en la Generalitat, Quim Torra. Torra no ha escondido en ningún momento que está dispuesto a intentar que se cumpla el deseo de Puigdemont de restituir a su Gobierno cesado. ERC no ve con buenos ojos esta opción, pero JxCat no se opone.

Desde el Tribunal Supremo se anticipa, como adelantó esta semana este periódico, que no se les concederá permiso para salir de la cárcel a tomar posesión de sus cargos, por lo que desde el grupo de Puigdemont se ha sugerido la posibilidad de que ese acto de posesión se intente trasladar al centro penitenciario para hacerlo efectivo. O incluso con un acta notarial. Torra visitará la cárcel de Estremera el próximo lunes, y quiere plantear esta restitución a los ex consellers. De ellos, sólo Jordi Turull y Josep Rull están dispuestos a valorarlo, pero teniendo en cuenta la recomendación final que les hagan sus abogados. Incluso esta «hipótesis» ha sido tan estudiada que desde el independentismo se admite que tienen ya listo el «plan B», dado que los que están en la cárcel no podrían gestionar sus áreas de gobierno. La solución pasaría por nombrar unos comisionados para dirigir esas áreas. A través de las redes sociales Turull y Rull han seguido el juego colgando el mismo mensaje: «No nos cansaremos de recordar que estamos sufriendo una prisión preventiva injusta, arbitraria e ignominiosa, y que nuestros derechos políticos están intactos». El otro preso del PDeCAT, Joaquim Forn, ha descartado regresar al Gobierno catalán, al igual que los ex consellers de ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Oficialmente el Ejecutivo de Rajoy eludió ayer colocarse en el supuesto de que Torra lleve adelante estos planes de restitución. Aunque sin referirse explícitamente al 155, el portavoz Méndez de Vigo sí subrayó que la Generalitat exige un Gobierno legal y viable, que pueda cumplir con sus competencias, y «alguien que está en prisión preventiva es evidente, tan sólo por sentido común, que no puede hacerlo». Méndez de Vigo reivindicó de nuevo el diálogo institucional y la normalización de las relaciones dentro de la ley, y destacó que por su parte no van a entrar «en una espiral de descalificaciones que haga subir la tensión». Esto no quita para que estén vigilantes sobre los pasos de Torra ni tampoco implica que vayan a permanecer impasibles si la otra parte si quiere aumentar la tensión, precisó.

En realidad, el Gobierno simplemente está a la espera de ver hasta dónde está dispuesto a llegar Torra para poner en marcha la estrategia de Puigdemont de mantener el conflicto político. Si se queda en el terreno de lo simbólico o si toma decisiones que justifiquen mantener la intervención o que incluso tengan otras consecuencias penales. «Nosotros mantenemos nuestra oferta de diálogo sin tensiones, sin plazos, y dentro de la ley». Prudencia por parte de Moncloa, aunque tengan prevista la respuesta para el caso de que Torra intente comenzar su mandato con la provocación de restituir a los ex consellers en la cárcel. El Ejecutivo recopila datos y fiscaliza los hechos, mientras que su mensaje político lo centra en la idea de que es el momento de la unidad, de la responsabilidad, de unir y no dividir, de dialogar y no excluir. Mano tendida para el nuevo presidente de la Generalitat, aunque nadie niegue que sus comienzos «no permiten augurar nada bueno». Ahí sitúan su discurso de investidura o la liturgia de la toma de posesión. «Pese a todo el Gobierno quiere abrir una nueva etapa política. Es el momento del diálogo dentro de la ley, aunque dialogar no es imponer a toda costa una agenda política», manifestó Méndez de Vigo.

El Gobierno cogió además el guante del PSOE sobre su propuesta para regular las tomas de posesión. «Es cierto que no existe en España una disposición normativa que recoja una única forma legal para las toma de posesión. Vamos a estudiar la propuesta de Sánchez. Creemos que debe ser una norma con rango de ley y lo vamos a estudiar». Ayer todavía no estaban cerradas en la agenda de Rajoy sus reuniones con Pablo Iglesias y Torra.