La Fiscalía se querella por rebelión contra Puigdemont y Forcadell pero no pide cárcel

La Fiscalía se ha querellado por rebelión, o en su caso sedición, y malversación de caudales públicos contra Puigdemont y 13 ex consejeros de su Govern, incluido el dimitido Santi Vila, y contra Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara autonómica que avalaron la tramitación de las leyes independentistas.

La Fiscalía se ha querellado por rebelión, o en su caso sedición, y malversación de caudales públicos contra Carles Puigdemont y 13 ex consejeros de su Govern, incluido el dimitido Santi Vila, y contra la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara autonómica que avalaron la tramitación de las leyes independentistas. La primera de las denuncias se ha interpuesto en la Audiencia Nacional, por la pérdida del aforamiento del ex president y sus antiguos consellers, y la segunda se ha formalizado en el Tribunal Supremo, donde todavía están aforados Forcadell y los miembros de la Mesa por formar parte de la Diputación Permanente del Parlament, tal y como adelantó LA RAZÓN.

Aunque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no pide la prisión de Puigdemont si anticipa que advierte de riesgo de reiteración delictiva y que, dada la gravedad de los delitos -castigados con penas de prisión de hasta 30 años de cárcel en el caso de la rebelión-, cuando los ex integrantes del Govern declaren como investigados, una citación que pide de forma urgente, la Fiscalía solicitará la adopción de medidas cautelares para ellos.

Lo que sí reclama el Ministerio Público es la imposición a los querellados de una fianza de 6,2 millones de euros, incluso recurriendo al embargo de sus bienes, para garantizar posibles responsabilidades civiles por el dinero público gastado en la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Maza pide también que la Audiencia y el Tribunal Supremo se hagan cargo, respectivamente, de las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los querellados por malversación, prevaricación y desobediencia al enmarcar todos los hechos investigados en la dinámica encaminada a conseguir la independencia de Cataluña.

Además, sostiene la “conveniencia” de que la investigación se lleve a cabo desde un tribunal fuera de Cataluña por la intención del frente soberanista de “condicionar la labor de los miembros del Poder Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

La Fiscalía destaca en su denuncia que pese a los claros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Generalitat “continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república”, valiéndose para ello de su mayoría en el Parlament y del apoyo de asociaciones soberanistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están en prisión como supuestos autores de un delito de sedición desde el pasado día 16.

En cuanto al Parlament, el fiscal general recuerda que desde enero de 2016 hasta septiembre pasado los grupos de Junts pel Sí y la CUP, “y en particular tanto el vicepresidente de la Generalitat como la presidenta del Parlament”, “impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español”.