El fiscal concluye que CDC usó el Palau de «cañería» para cobrar comisiones ilegales

El fiscal termina sus conclusiones acusando a la antigua Convergència de tener una «colaboración» de Millet y Montull.

El fiscal encargado del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, terminó ayer con sus conclusiones en el correspondiente juicio, que afronta su recta final. Si bien el lunes repartió contra todo el mundo, sobre todo administraciones, entidades bancarias y los principales acusados, el ex presidente de la entidad Fèlix Millet y el ex director administrativo Jordi Montull, fue en esta ocasión la antigua CDC la que recibió más, con acusaciones directas de cobrar comisiones ilegales por parte de una empresa.

Concluyó el fiscal anticorrupción que el Palau era la «cañería por la que transitaba el dinero» que una empresa constructora supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde las instituciones que controlaban.

Muchos documentos

La última comparecencia del fiscal, antes de las conclusiones finales de las defensas y las acusaciones particulares, se basó en cargar contra CDC. Sánchez Ulled no paró de mostrar documentos sobre estas presuntas comisiones ilegales cobradas por el partido. Asimismo, aseguró que estos pagos contaron con la colaboración de Millet y Montull.

Entre los documentos presentados por el fiscal, figura por ejemplo, una carta de Millet a un acusado, en las que mostraba interés por unas obras en Sant Cugat, y más ficheros, siempre sobre el supuesto reparto de comisiones.

Volviendo a CDC, el fiscal cargó porque se identificaba al partido con la Generalitat. En su opinión, el ex tesorero de la formación Daniel Osàcar –acusado en este caso, afronta ocho años de cárcel–, «no actuó solo, sino que era el gatillo de la pistola». Sánchez Ulled habló de todo, incluso adjudicaciones de obras y los famosos pagos del 4 y 2,5 por ciento destinados, según dijo, a la Generalitat. Vino a decir que CDC confundía el partido con el Govern.

Tras mostrar los citados documentos, el fiscal señaló que demuestran la existencia de un «conglomerado criminal» , en el que el Palau era la citada «cañería por las que transitaban las comisiones ilegales», todo enmascarado en «patrocinios culturales». Más sobre Osàcar, ya que pese a que es el único convergente acusado, en la supuesta financiación ilegal. «Es indudable el papel protagonista y principal de Osàcar en el gatillo de la pistola, pero no es toda la pistola, y por eso está en el banquillo». «Todo ha sido sostener con fundamento», señaló.

Siempre apuntando a CDC, aseguró que le parece «curioso» que el ex gerente de CDC, y ahora diputado de JxSí, Germà Gordó, se reuniera con ex responsables del Palau en 2005, en un hotel de Barcelona, después de que falleciera otro ex tesorero de CDC, Carles Torrent. Añadió que el encuentro tuvo lugar un mes después de la muerte, que, siempre según Sánchez Ulled, hasta ese momento se había encargado de cobrar las presuntas comisiones de una constructora, y negociar el montante de las mismas, por lo que tras su fallecimiento «hubo un impasse en las finanzas del partido», hasta que fue nombrado tesorero el ahora acusado Osàcar.

«Impasse»

El fiscal, con su habitual estilo irónico, especialmente en estas dos últimas sesiones, calificó de «curioso» que mientras hubo ese «impasse» acudiera a la reunión con Millet el propio Gordó, que en aquel momento era responsable organizativo del partido, acompañado de los «buenos oficios» del histórico ex diputado convergente Jaume Camps.

Según el fiscal, es un «drama» de que esta entidad musical se viera instrumentalizada para permitir cobrar a los acusados comisiones ilícitas a cambio de obra pública, y, de nuevo, mostró documentos en los que aparecen obras como la línea 9 del Metro, e, irónicamente, la Ciudad Judicial, donde se celebra el juicio. Él mismo lo dijo el lunes: «el juicio se celebra en el lugar del delito».

Aprovechó sus informes para lanzar un dardo a Osàcar por afirmar, en su declaración ante el tribunal, que los 630.000 euros que la fundación Trias Fargas, afín a CDC, recibió del Palau mediante convenios anuales de subvención perseguían fomentar la cultura catalana para que en las fiestas mayores «no pusieran sólo música andaluza» y que así no se «olvidaran» las sardanas, las corales y los «esbarts dansaires». La afirmación de Osàcar le pareció al fiscal «insultante» y «un reflejo de un mecanismo étnico–mental muy particular. Me parece propio de una película ..., en fin», apuntó., sin decir nada más. Hoy, turno para las acusaciones.