El fiscal, a Oriol Pujol : «El cohecho por un político es traicionar la confianza»

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del «caso de las ITV», Enric Anglada, ordenó pedir al Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, que investigue el patrimonio de Oriol Pujol y de su esposa, Ana Vidal, en relación a una posible «percepción de ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional», entre los años 2007 y 2009, ambos inclusives, además de solicitar a Hacienda sus declaraciones de Renta y Patrimonio en esos años. Esta decisión fue recurrida por la defensa del matrimonio al considerar esas diligencias «innecesarias, impertinentes, invasivas y desproporcionadas, y por tanto vulneradoras de los derechos fundamentales».

Sin embargo, el fiscal no comparte, ni mucho menos, las tesis de la defensa. Así, considera que esa diligencia es «adecuada» y que la investigación sobre si Ana Vidal percibió 48.000 euros de la empresa Alta Partners, propiedad de empresarios imputados en la causa, correspondió o no a trabajos efectivamente realizados debe extenderse también a Oriol Pujol. Y ello, añade el fiscal, porque conforman una unidad económico-familiar y porque, presuntamente, era quien «debía ejercer la influencia –para que el Parlament modificase el reparto de estaciones de servicios–, y quien supuestamente solicitó el dinero como pago por los favores prestados».

El punto central del informe del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se refiere a la «prorporcionalidad» de las diligencias acordadas por el instructor, que se deriva tanto de la gravedad del delito –cohecho–, como en su naturaleza política y en su trascendencia pública». En este punto, el representante del Ministerio Público destaca la necesidad de que la sociedad conozca en todos sus detalles las conductas de sus representantes políticos que hayan podido derivar en un comportamiento presuntamente delictivo. Y en lo que se refiere a este caso concreto, a Oriol Pujol, el fiscal es tajante al respecto. «El delito de cohecho cometido por un político, actual secretario general del partido político Convergencia Democrática de Catalunya –en realidad, dimitió de ese cargo al ser imputado por el TSJ de Cataluña– y portavoz del grupo parlamentario, tiene una trascendencia pública que excede de la que ostenta un particular... porque supone traicionar la confianza que la sociedad ha depositado en su representante». Por ello, añade el Ministerio Público en la impugnación al recurso de Oriol Pujol y de su mujer, la sociedad tiene derecho a que se investigue «hasta el final el comportamiento posiblemente delictivo de sus representantes, utilizando, si fuere necesario, diligencias como las que ahora se discute».

Por otro lado, recuerda que el delito de cohecho que se le imputa a Oriol Pujol es «grave», y que, en función del tipo, puede llegar a una pena de cuatro o seis años de prisión y con hasta 12 años de inhabilitación.