Bajan aguas revueltas en el seno de CDC después de que la Fiscalía Anticorrupción haya denunciado la existencia de un «pacto criminal» entre la formación y la empresa Ferrovial. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, podrá escapar, una vez más, de dar las explicaciones pertinentes en el Parlamento catalán, gracias al beneplácito de ERC, pero podría no ser así ante el juez. Si alguna de las partes lo solicita, Mas tendría que acudir a declarar en calidad de testigo. No en vano, el presidente fue secretario general de Convergència entre los años 2000 y 2012.

Según el fiscal, «hay indicios suficientes» para probar que CDC se financió de manera irregular a través del Palau de la Música. Los pagos, con un volumen de 6,6 millones, se fraccionaron en el tiempo desde 1999 hasta 2009. Más de la mitad del dinero (3,7 millones) fueron entregas en efectivo a los tesoreros Carles Torrent, fallecido en 2005, y su sucesor, Daniel Osácar, imputado en la causa. Pero, tal y como reconoce el fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, la responsabilidad de Convergència no termina en los tesoreros. Las comisiones, que consistían en un pago por valor del 4 por ciento de las adjudicaciones de obras, iban dirigidas a «personas con ascendencia política suficiente» como para «influir de forma determinante» precisamente en los órganos públicos encargados de adjudicar esas obras. Por ello, Sánchez Ulled concluye que «debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados».

No es de extrañar, pues, que Artur Mas tenga que acudir a declarar como testigo, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, habida cuenta de que durante buena parte del periodo investigado compatibilizó cargos dentro de la Generalitat –como el de consejero de Economía o primer consejero– con el de secretario general de CDC, desde el año 2000 hasta que en 2012 fue sustituido por Oriol Pujol. En una situación similar se encuentra el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, ya que desde 2004 hasta 2010 fue gerente de la formación.

En concreto, el fiscal detallaba tres vías con las que el partido que lidera Artur Mas se habría hecho con tal cantidad: entregas en efectivo al tesorero, facturas de empresas que colaboraban en beneficio de Convergència y a través de convenios como el que tenía la Fundación Trias Fargas –vinculada a CDC– con el Palau.

Pese a que nada se sabe de los «altos responsables» de los que habla el fiscal, es significativa la participación en la trama de otras personalidades del partido. Jaume Camps, por ejemplo, que entonces era parlamentario y ejerció de «enlace» con los tesoreros. También podría ser el caso del secretario de Inmigración de CDC, Àngel Colom, que en el año 2000 percibió de forma injustificada 75.000 euros procedentes de los fondos del Palau.

«Confianza»

El presidente de la Generalitat tuvo que salir ayer al paso de las acusaciones de la Fiscalía y mostró su confianza en los responsables de las finanzas del partido. No obstante, Mas y Sánchez Ulled sí coinciden en algo. Ambos han pedido celeridad al juez para tratar de arrojar luz sobre la supuesta financiación irregular de CDC. «Se acusa a la Generalitat de diferentes hechos sin pruebas y el informe del fiscal reconoce que no las hay. Creo que no se pueden hacer suposiciones», advirtió Mas.

«Las auditorías siempre han sido correctas y demostraremos que todas las acusaciones no tienen base. Los responsables de las finanzas del partido me dicen que no hay nada de nada en el "caso Ferrovial"y yo me los creo», aseguró durante el Consejo Nacional de CDC en Bellaterra (Barcelona).

El presidente de la Generalitat trató de defenderse y aseguró que «en el informe del fiscal no se dice que hubiera trato de favor con Ferrovial y que las adjudicaciones fueron correctas». Sin embargo, sí reconoció que en el Palau de la Música hubo algunos convenios «legales pero quizás no estéticos» y, por ello, ordenó retornar «todo el dinero».

Los partidos de la oposición salieron el viernes en tromba a pedir al presidente catalán que diera explicaciones en el Parlament. Ayer, aseguró que no tiene inconveniente en comparecer ante la Cámara catalana siempre que el resto de formaciones lo pidan. Y ahí es donde entra ERC, que ya ha salvado los muebles a Mas en alguna que otra ocasión y parece que esta vez no va a ser diferente. De hecho, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, pasó de puntillas sobre el asunto y reconoció que se conformaría con las explicaciones voluntarias de Convergència sobre el caso «sin esperar a que sean requeridas».

A la sombra del clan Pujol-Ferrusola

Convergència tuvo que avalar con su sede central de Barcelona la fianza de 3,2 millones impuesta por el caso Palau. No es el único caso que afecta al día a día de la formación política, cuyo número dos tuvo que apartarse de la secretaría general del partido cuando fue imputado por su presunta participación en la trama de las ITV. La formación ha cerrado filas con Oriol Pujol en todo momento, aunque la situación de impasse en la que se ha instalado ha obligado a reordenar rutinas en el partido. La cúpula le arropó cuando fue a declarar ante el juez por ser supuestamente el «colaborador necesario» de la trama que pretendía amañar los concursos de las estaciones técnicas de vehículos en Cataluña, en una jornada que se prolongó durante más de diez horas. Y nadie cuestiona al hijo del ex presidente de la Generalitat, que decidió dedicarse a la política, aunque su futuro político está ahora en suspenso.

Los negocios de la familia Pujol Ferrusola están en el ojo del huracán, especialmente los del primogénito Jordi Pujol Ferrusola, que empezó su carrera empresarial de la mano Lluís Prenafeta, uno de los colaboradores más estrechos de su padre y hoy en libertad bajo fianza por la operación Pretoria. El amante de los coches de lujo y el rubgy movió 32,8 millones entre 2004 y 2012, según la Agencia Tributaria. Oleguer Pujol, por su parte, tuvo que dimitir hace unas semanas de la firma de inversión Drago Capital y vender su 50 por ciento para no afectar a la compañía, con sede en Madrid, por los escándalos de la familia. Ya en los noventa, Josep Pujol Ferrusola protagonizó una polémica por asesorar el cierre que la compañía Lear tenía en Cervera (Lleida). Aunque a asesorar el cierre de empresas también se dedica la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, que declaró como testigo del caso de las ITV.