Las investigaciones judiciales contra ex mandatarios y altos cargos del PP, de las que Rajoy siempre se ha desvinculado, han supuesto un acusado desgaste para el partido.

Si políticamente el PNV ha sido determinante en el adiós de Mariano Rajoy, no hay duda de que el detonante que puede forzar el relevo al frente de la Presidencia del Gobierno ha sido la sentencia del «caso Gürtel». De hecho, una semana después de que la Audiencia Nacional hiciese público el fallo el pasado día 4 –que condena al PP como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama, desconociendo el origen ilícito del dinero, y da por acreditada la «caja B» de los populares– la moción de censura impulsada por el PSOE que ha salido adelante hoy en el Congreso de los Diputados.

Pero «Gürtel» es sólo el último eslabón de una cadena de investigaciones judiciales que han salpicado a dirigentes y ex altos cargos del PP y que han llevado a prisión, entre otros, al ex presidente balear Jaume Matas; al ex tesorero Luis Bárcenas; al ex presidente madrileño Ignacio González; al que fuera secretario general de la formación en Madrid Francisco Granados y, hace solo unos días, al ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

«Púnica», «Lezo», «Palma Arena», «Auditorio», «Papeles de Bárcenas», «Brugal», «Fitur»... Causas que, en algunos casos, han forzado además la dimisión de mandatarios como los ex presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Pedro Antonio Sánchez, respectivamente; de la jefa del Gobierno madrileño Cristina Cifuentes; de las ex senadoras Pilar Barreiro y Rita Barberá (ya fallecida) y de la propia Esperanza Aguirre, que renunció a su cargo como presidenta del PP regional tras la imputación de Ignacio González en el «caso Púnica».

Pero si Valencia y Madrid han sido las comunidades donde el PP ha afrontado un mayor desgaste por las investigaciones judiciales por corrupción, con la «trama Gürtel» y sus ramificaciones en la cúspide de la pirámide, fue en Baleares donde saltaron a la luz pública los primeros brotes de irregularidades urbanísticas con el «caso Andraxt». Una deriva que culminaría con el «caso Palma Arena», las irregularidades en la construcción del velódromo mallorquín que terminarían llevando a prisión al ex presidente Matas por tráfico de influencias.

Matas ya no era presidente de Baleares cuando el juez José Castro le imputó en octubre de 2009, pero otros dirigentes territoriales del PP sí tuvieron que dimitir a consecuencia de la actuación judicial. Así sucedió con en julio de 2011 con el entonces presidente valenciano Francisco Camps, que posteriormente fue absuelto del delito de cohecho por un jurado popular tras sentarse en el banquillo por recibir tres trajes de la trama Gürtel. Camps está ahora imputado por supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción del circuito de F-1 de Valencia y por los actos organizados en la visita del Papa Benedicto XVI.

Pero la causa que más quebraderos de cabeza ha provocado al PP es, sin duda, el «caso Gürtel», que incluso obligó al propio Rajoy a declarar como testigo en el juicio, ante un tribunal dividido, en julio del pasado año.

Desde que el juez Baltasar Garzón acordara las primeras diligencias en febrero de 2009, la investigación sobre las actividades de la trama corrupta liderada por Francisco Correa y la sucesiva implicación de altos cargos y ex mandatarios del PP ha ido laminando políticamente a la formación de Rajoy.

En el marco de uno de los tentáculos de este procedimiento, por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó, en diciembre de 2013, el registro de la sede del PP en la madrileña calle Génova en busca de documentación sobre pagos en «B» en las obras de reforma del edificio. Unos desembolsos en negro que la Agencia Tributaria cifró en 1,7 millones de euros.

El ex tesorero popular Luis Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel en el juicio del «caso Gürtel», también ha socavado los cimientos de su antiguo partido con sus anotaciones de «contabilidad extracontable», la «caja B» del PP que está aún pendiente de juicio, pero que el tribunal de la «Gürtel» ya ha dado por acreditada en su sentencia. Por el borrado del disco duro de sus ordenadores, precisamente, el Partido Popular será juzgado –en contra del criterio de la Fiscalía– por encubrimiento y daños informáticos.

En varias ocasiones, incluso en sesiones de control al Gobierno, el presidente Mariano Rajoy ha pedido perdón «hasta la saciedad» por estos casos de corrupción y «por haber colocado en determinados puestos a quienes no eran dignos de ello».