La denuncia por el riesgo de los submarinos nucleares en Gibraltar llega hasta el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo Andaluz recibió el pasado 23 de marzo una queja por el peligro nuclear que existe en el Campo de Gibraltar ante la presencia de submarinos atómicos. La denuncia se la hizo llegar un ciudadano que basa su reclamación en la falta de un plan de emergencia por parte de España ante cualquier incidencia, según los datos que le aportó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a través del Portal de Transparencia. El organismo que dirige el gaditano Jesús Maeztu ha contestado delegando en su homólogo a escala nacional, Ángel Gabilondo.

En la respuesta de la oficina de Maeztu, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se indica que el escrito original «ha sido remitido, con esta misma fecha [3 de abril], al Defensor del Pueblo estatal, al afectar el asunto que nos comunica al Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente de la Administración Pública Estatal sometido al control de las Cortes Generales». Explica el Defensor del Pueblo Andaluz que «las quejas referentes a dicho organismo no son competencia de esta institución, conforme a los arts. 1.1 y 10.1 de la Ley 1 de diciembre de 1983, por la que se rige».

La demanda partía del abogado Guillermo Rocafort, que trasladó el «riesgo nuclear que sufre la población del Campo de Gibraltar, expuesta a la radiactividad de los submarinos que recalan en la base británica». Su petición plantea que «se admita mi queja y requiera a las autoridades españolas y europeas para que se desarrollen los preceptivos planes de riesgos y de emergencia nucleares ante posibles accidentes en la base, al objeto de proteger a la población, fauna y flora andaluzas del Campo de Gibraltar».

Una vez conocido el nuevo destinatario de su denuncia, Rocafort confía en una resolución favorable: «Espero que Ángel Gabilondo asuma este asunto como una prioridad en la defensa del pueblo español ante el abandono y el riesgo nuclear que sufren los españoles del Campo de Gibraltar, que están expuestos a que un día haya un accidente gravísimo en uno de los numerosos submarinos atómicos, averiados o no, que entran en la base naval británica para su reparación, mantenimiento y avituallamiento». Pero su reclamación va más allá, pues cree que «lo deseable» es que Gabilondo «llevara acciones coordinadas con el Defensor del Pueblo europeo, ya que se trata de un asunto que afecta a toda la Unión Europea». Además considera «fundamental que se informe a la población local de la situación y de cómo actuar en caso de accidente nuclear, tal y como hacen las autoridades británicas dentro de la colonia de Gibraltar, así como que se adopte por parte del Consejo de Seguridad Nuclear un plan especial de prevención y de emergencia, y que se obligue a las autoridades británicas a que permitan el acceso a sus instalaciones a técnicos españoles y europeos para que evalúen in situ el alcance del riesgo nuclear existente».

En el pasado ha habido alguna protesta del Gobierno español ante la presencia de los submarinos de propulsión nuclear que atracan en el Peñón, objeto de reiterados avisos de alarma por parte del colectivo ecologista Verdemar, que los considera «bombas flotantes» que ponen en serio riesgo a la población a ambos lados de la Verja. Desde que atracara el «Tireless» para una reparación en 2001, la llegada de sumergibles atómicos alcanza ya el centenar. Y ello sin que haya planes de emergencia en el Campo de Gibraltar ni tampoco en la base gaditana de Rota, aunque allí la Armada sí cuenta con uno interior. Todo ello de suma gravedad para Rocafort: «España linda al sur con un “Chernóbil-Zaporiyia-Fukushima en potencia” y el Defensor del Pueblo tiene que visitar la zona, hablar con las autoridades españolas locales y tomar cartas en el asunto sin demora y priorizando esta grave cuestión sobre cualquier otra», insiste.