El PP denuncia ante la UE la persecución del Gobierno al Poder Judicial

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat ,ha denunciado este viernes la persecución del Gobierno al Poder Judicial tras la querella de Sumar al Consejo General del Poder Judicial. “El lawfare lo pedía Puigdemont y ya lo aplica el Gobierno de España. El señalamiento y la persecución a los jueces es inadmisible en democracia, y más todavía cuando la cacería política sale del propio gobierno”, ha declarado.

Además, la exministra ha denunciado la “desviación de poder” del fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz , y ha pedido a la Comisión proteger la independencia de jueces y fiscales en España. Ha sido en dos preguntas parlamentarias, con las que Montserrat ha querido advertir a la Comisión Europea de “los últimos pasos dados por el Gobierno de España, que son muy preocupantes al ir directamente contra el Estado de derecho y la independencia judicial”.

En la primera pregunta, Montserrat señala que el partido que gobierna en coalición con Sánchez, Sumar, con varios ministerios y una vicepresidencia, ha presentado una querella contra vocales y el presidente del CGPJ por denunciar los acuerdos de Gobierno, que incluyen amnistía y lawfare, permitiendo que los políticos acusen a los jueces de prevaricar. “El CGPJ comunicó que se trataba de una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho”, informa la portavoz, siendo esta una de la multitud de reacciones en contra de los acuerdos desde el sector judicial y función pública. Por ello, Dolors Montserrat pregunta a la Comisión si “considera aceptable que el Gobierno señale y persiga a vocales del CGPJ” y si “defiende que el Gobierno de España debe velar por la independencia judicial y la separación de poderes”.

"Desviación de poder"

En la otra pregunta, la portavoz ha informado a la Comisión sobre la decisión por la que el Alto Tribunal ha anulado el ascenso de la exministra de Justicia de Sánchez, Dolores Delgado, a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera, al apreciar "desviación de poder" por parte de García Ortiz en su nombramiento. Un día después de que se conociera la decisión del Supremo, el Gobierno confirmó que ratificará a García Ortiz en el cargo a pesar de haber cometido “desviación de poder”, algo “impensable” en cualquier otro país de la UE, denuncia Montserrat, y que supone que el Gobierno premia al fiscal a pesar de la decisión del Tribunal Supremo. "En 2020 el Pedro Sánchez nombró a Delgado como Fiscal General del Estado".

En 2022 García Ortiz la sustituyó el cargo, a pesar de haber hecho campaña electoral por el PSOE en Galicia, poco tiempo antes de ser nombrado por el Gobierno de Sánchez. Entonces, García Ortiz elevó a Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal, una decisión que fue duramente criticada por la Carrera Fiscal”, indica. “Además, la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de García Ortiz por su pasividad en la defensa del Estado de derecho ante el reciente pacto del PSOE con los partidos separatistas catalanes”, añade Montserrat. Ante esto, el PP pregunta a la Comisión Europea si “le preocupan estos hechos” y si “va a proteger la Comisión la independencia de jueces y fiscales en España”.