La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) tendrá en las próximas horas sobre la mesa una petición de suspensión cautelar de la tramitación de la proposición de ley de amnistía. El sindicato Manos Limpias tiene previsto presentar hoy mismo en el alto tribunal una denuncia por usurpación de funciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; dos miembros de su Gobierno –la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Presidencia Félix Bolaños–; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la eurodiputada socialista Irache García Pérez (ambos se reunieron con Carles Puigdemont en Bruselas el pasado lunes); y el diputado Óscar Puente. Un escrito en el que reclamarán al Supremo que paralice de forma cautelar el recorrido parlamentario de la proposición de ley de amnistía.

En la denuncia, el colectivo de funcionarios califica la medida de gracia como «un gran fraude de ley», un «trueque o moneda de cambio» para que Pedro Sánchez pueda conseguir «los siete votos de Junts necesarios» para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

En ese escrito (sobre cuya admisión a trámite deberá pronunciarse el Supremo), defiende que tanto el jefe del Ejecutivo como el resto de denunciados han podido cometer un delito de usurpación de atribuciones, que castiga con penas de prisión de seis meses a un años a la autoridad que se apropie de «atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución» judicial. Una pena que puede alcanzar los dos años de prisión cuando con esa conducta se atente «contra la independencia de los jueces o magistrados» dirigiéndoles «instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo».

"Hurta competencias al poder judicial"

Según el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad –condenado a cuatro años de cárcel por el «caso Ausbanc»–, la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de la iniciativa «no supone invadir en este caso competencias del Ejecutivo» en la medida en que este –subraya– está «hurtando competencias del poder judicial», a quien atribuye el «derecho y el deber de impedir esa usurpación aunque la efectúe el poder ejecutivo, que debe respetar la legalidad vigente».

Para la asociación, el acuerdo con JxCat es «incuestionable» y supone «el final del iter criminis» que permite registrar la proposición de ley en el Congreso, que tacha de fraude de ley porque esa normativa, alerta, «persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico».

La denuncia incide en que el fraude de ley acarrea "que se ha utilizado una norma como cobertura o enmascaramiento de una situación con el objetivo de evitar un resultado concreto" y recuerda que la Constitución "no autoriza los indultos generales". Según expone el colectivo de funcionarios, el acuerdo del Gobierno con ERC y Junts "ha supuesto la usurpación de atribuciones judiciales", por lo que lo considera "nulo de pleno derecho y delictivo".

Una iniciativa que, se queja, "desautoriza y deja sin efecto" la sentencia del "procés" del Tribunal Supremo, las órdenes de busca y captura que pesan sobre Puigdemont dictadas por el magistrado Pablo Llarena, así como los procesos contra doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo y contra Tsunami Democrátic.