Manos Limpias ha ampliado en el Tribunal Supremo (TS) su denuncia por usurpación de funciones judiciales contra Pedro Sánchez por su pacto con el independentismo para conseguir su investidura como presidente del Gobierno, un acuerdo que, según expone el colectivo de funcionaros, supondría también la comisión de un delito de cohecho pues considera que la ley de amnistía es una "dádiva" a cambio de los siete votos que necesitaba el líder del PSOE para garantizarse la investidura.

Para la asociación denunciante, es un "realidad incontestable" que esa supuesta dádiva "ha quedado acreditada", por lo que remite al alto tribunal -que tras rechazar la suspensión cautelar de la proposición de ley no se ha pronunciado aún sobre la admisión a trámite de la denuncia- sus argumentos para ampliar ese escrito inicial.

La Sala pidió el pasado diciembre a la Fiscalía del Supremo que se pronunciase sobre la competencia del alto tribunal para investigar los hechos, pero tres meses después el Ministerio Público no se ha posicionado al respecto.

En esa primera denuncia, presentada en noviembre del pasado año, Manos Limpias atribuía la comisión de un delito de usurpación de funciones judiciales no solo a Pedro Sánchez sino también a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al ministro Félix Bolaños, al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la eurodiputada socialista Irache García Pérez (por su reunión con Puigdemont en Bruselas para cerrar el apoyo de Junts a la investidura); y al ahora ministro Óscar Puente, y calificaba la ley de amnistía como un "trueque o moneda de cambio" para que el líder socialista pudiese conseguir "los siete votos de Junts necesarios" para ser investido.

Unos días después, Vox se querelló contra Sánchez en el alto tribunal por usurpación de funciones del Poder Judicial, colaboración con el terrorismo, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.

Ahora, Manos Limpias justifica la ampliación de la denuncia en que ha esperado "una actuación del Ministerio Público" que no se ha producido y recuerda que lo que protege el castigo penal de esta conducta es la "imparcialidad en el ejercicio de la función pública y el consiguiente desprestigio de la misma".

"Infracción bilateral"

Según expone la asociación denunciante en ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se trata de una "infracción bilateral" porque exige normalmente "el convenio o la cooperación entre las personas, la que hace el ofrecimiento y el que recibe la dádiva o promesa". Y subraya que el el artículo 24 del Código Penal atribuye la condición de funcionario público a "los miembros del Congreso de los Diputados". Asimismo, estipula que tendrá la misma consideración "todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".

Además, hace hincapié en que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la conducta punible debe estar relacionada con el ejercicio del cargo y tratarse de un acto "contrario a lo que es debido". Más allá de una mera ilegalidad formal o administrativa, recalca, lo que se persigue legalmente es una "contradicción material relevante". Y señala que el delito se consuma "por la mera solicitud de la dádiva o promesa".

Para el colectivo que preside Miguel Bernad, con esta ley se estarían "usurpando" funciones judiciales expresadas en resoluciones como la sentencia del "procés", la orden de busca y captura de Carles Puigdemont, las imputaciones por terrorismo en las causas de los CDR y Tsunami Democràtic y el procedimiento en el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío contable para financiar el 1-O y promover el proceso independentista en el extranjero, entre otras.

El 24 de enero, la asociación amplío esa primera denuncia ante el Supremo tras la aprobación de una enmienda a la proposición de ley de amnistía que ampara los delitos de terrorismo que no supongan una grave violación de los derechos humanos, algo que tachó de "nuevo fraude de ley". En ese escrito, señalaba al presidente del Ejecutivo como "autor intelectual" y a Bolaños, Santos Cerdán, Oriol Junqueras y Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), "cooperadores necesarios".

Manos Limpias se quejó entonces de que el Gobierno y sus socios, "con el fin de poder incluir en la ley de amnistía" unos actos de terrorismo "en modo alguno" amnistiables, articuló "fraudulentamente" un nuevo concepto de terrorismo "de baja intensidad", diferenciándolo de aquellos actos terroristas que hubiera causado violaciones graves de derechos humanos que quedarían fuera de la medida de gracia.