Defensa de Villar Mir se querella contra juez de Lezo por ordenar pinchazos

Los abogados del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir han interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, al que atribuyen un supuesto delito de prevaricación por autorizar escuchas telefónicas entre el empresario y sus letrados.

Los abogados del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir han interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, al que atribuyen un supuesto delito de prevaricación por autorizar escuchas telefónicas entre el empresario y sus letrados.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe la noticia adelantada por El Confidencial en relación a la querella, que fue presentada ayer por la tarde ante la Sala Segunda del alto tribunal contra el magistrado de la Audiencia Nacional. La defensa de Villar Mir atribuye a García Castellón los supuestos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de comunicaciones, retardo malicioso en la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad de la custodia de documentación, según las fuentes.

Los abogados consideran que el magistrado se excedió en sus funciones al autorizar las escuchas telefónicas entre el empresario, imputado en el caso Lezo, y sus representantes legales entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, y creen que esta actuación pudo vulnerar el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente.

Parte del contenido de esas grabaciones se conoció al levantarse el secreto de la pieza 3 del caso Lezo sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), en la que se investigan presuntas comisiones de OHL al expresidente madrileño Ignacio González.

Los letrados también apuntan a una posible vulneración de la custodia de las grabaciones y cuestionan que nunca se les haya dado traslado de la integridad de los archivos de audio pese a su insistencia y a que entregaron al juzgado varios discos duros para que se volcase la información, según las fuentes.

La querella se hace eco de los argumentos esgrimidos por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) cuando otorgó amparo a un abogado de Villar Mir el pasado 2 de julio en relación a "las graves distorsiones en la necesaria libertad e independencia"del mismo.

El ICAM, a quien se le ha dado traslado de la querella, señaló que todas las conversaciones fueron analizadas policialmente y presentadas como "sospechosas"en los informes "previa subjetiva valoración", algo que "incide directamente en la libertad del abogado para mantener las conversaciones y reuniones profesionales"con sus clientes.

Además del ICAM, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española también condenó las escuchas telefónicas y mostró "su más absoluto rechazo a la violación del derecho a la defensa y del secreto profesional"ocurrido en este caso.

El juez, por su parte, anuló de la causa las conversaciones intervenidas el pasado 20 de marzo e incluso anunció que ordenaría la destrucción de las escuchas con letrados.

Estos pinchazos revelaron una conversación en la presuntamente se hablaba de la necesidad de contar con un informe médico para que Villar Mir no acudiese a la Audiencia Nacional a declarar en calidad de imputado el pasado 8 de enero, un asunto que está actualmente investigando un juzgado de Madrid.