De la Mata cita a declarar al asesor fiscal de los Pujol sobre 48 documentos bancarios del clan

El asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, tendrá que declarar como testigo el próximo martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en relación con 48 documentos con información bancaria del clan.

El asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, tendrá que declarar como testigo el próximo martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata -que investiga el origen de la fortuna familiar oculta durante 34 años en Andorra- en relación con 48 documentos con información bancaria del clan, entre 1995 y 2014, que guardaba en un pendrive que la UDEF le intervino en el registro de su despacho profesional en octubre de 2015.

Además, el magistrado ha cursado la decimoquinta ampliación de la comisión rogatoria a Andorra para que la entidad Andbank aclare la información contenida en ese pendrive, en particular la autenticidad de once facturas de julio de 2014, que suman 36.135 euros (a razón de 3.285 euros cada una) bajo el concepto “comisión por la búsqueda e impresión urgente de extractos”).

Sánchez Carreté aseguró en octubre de 2014 al juez Pablo Ruz, antecesor de De la Mata al frente de la investigación, que no sabía nada de las cuentas de la familia Pujol Ferrusola en el extranjero y que tuvo conocimiento de la supuesta herencia (un legado sin soporte documental alguno al que tanto Jordi Pujol como su esposa y sus siete hijos atribuyen el origen de sus fondos en Andorra) unas semanas antes de la confesión pública del ex líder nacionalista en julio de 2014, porque éste le pidió “consejo”.

Ahora, De la Mata ha acordado la citación del asesor tributario de los Pujol desde principios de los años 80 del pasado siglo tras recibir el pasado 8 de junio un oficio de la sección de fraude fiscal de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) que le instaba a practicar una serie de diligencias relacionadas con esa información bancaria.

El pendrive incautado a Sánchez Carreté incluye, según constata el instructor en su resolución, 48 documentos: del 1 al 47 identificados con los nombres de la familia Pujol Ferrusola, “que se corresponden plenamente con cuentas en la entidad Andbank”, y el último bajo el epígrafe “Factures.96”. Los primeros “describen aparentemente los movimientos de sus cuentas bancarias en la entidad Banca Reig” desde el 1 de enero de 1995 hasta el 22 de julio de 2014, tres días antes de la confesión pública de Jordi Pujol, “en distintas monedas”, así como extractos de cada una de estas cuentas. Esta información ha permitido “detallar las entradas y salidas de dinero en cada cuenta” con conceptos como “ingreso”, “ingreso en efectivo”, “disposición de efectivo”, “reintegro”, “transferencia a bancos andorranos”, “transferencia extranjero”, etc.

El magistrado señala respecto a los movimientos bancarios relacionados con Marta Ferrusola y sus hijas Mireia y Marta que las coincidencias” se han establecido “con los movimientos que guardan correspondencia con las cuentas bancarias de los varones de la familia Pujol Ferrusola, pero no con los restantes movimientos”, al no haber remitido aún las autoridades andorranas información de los movimientos de estas tres cuentas bancarias.

De la Mata solicita ahora a Andorra que Andbank certifique si las once facturas incluidas en el pendrive de Sánchez Carreté “son copias de facturas auténticas emitidas por esa entidad” y, en ese caso, que identifique “los servicios prestados que fueron retribuidos”, así como su destinatario real y la identificación del pagador y, en su caso (si el importe se abonó mediante transferencia) de la entidad y cuentas utilizadas.

Además, el instructor del “caso Pujol” pretende que Andbank acredite si esos 47 documentos con movimientos bancarios de la familia del ex presidente de la Generalitat son “información bancaria real” y si esa información fue proporcionada por la propia entidad y originó la emisión de las once facturas bajo sospecha. En ese caso, añade, quiere saber “quién solicitó dicha información” y “quién abonó” los 36.135 euros