El jueves y el viernes fueron dos jornadas trepidantes para algunas de las principales instituciones de España relacionadas con la Justicia. La visita de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, ha tenido una agenda plagada de encuentros y medida casi al minuto. Todo cronometrado para que le diera tiempo a encontrarse con los principales agentes relacionados de forma directa o indirecta con la futura ley de amnistía. Tras escuchar distintas voces en su paso por Madrid, se llevan datos, varias denuncias sobre los riesgos para el Estado de derecho, las denuncias de los ataques contra los jueces y algunos silencios de organismos que han optado por no emitir pronunciamiento alguno sobre la controvertida medida de gracia.

La visita de la delegación tiene efectos en la internacionalización de la crisis que ha provocado esta norma en España y amplifica los riesgos que supone para el Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley, tal como señalaron algunas de las entidades con las que se han entrevistado. Unas denuncias que contrastan con la versión del ministro de Justicia, Félix Bolaños, empeñado el jueves por la mañana en transmitir normalidad al asegurar que es plenamente conforme «con la Constitución y el Derecho de la UE» y que también chocan con la falta de pronunciamiento por parte de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional (TC).

Ayer, en la última jornada, se entrevistaron durante cerca de una hora con el fiscal general Álvaro García Ortiz. Fuentes cercanas a este encuentro señalaron a LA RAZÓN que les explicó el funcionamiento de la institución y las competencias de los distintos órganos, principalmente del Consejo Fiscal. Por iniciativa propia, les explicó los detalles de cómo se le planteó la petición de la Mesa del Senado para que emitiera un informe sobre la amnistía y los motivos por los que la rechazó, en línea de lo que explicó en su día: el Consejo Fiscal no es competente para elaborar dictámenes sobre proposiciones de ley que está en tramitación en el Congreso.

Más tarde, acudieron a la sede del TC, donde les recibió su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el secretario general, Andrés Gutiérrez. En el salón de Plenos, se les explicó que la corte fe garantías guarda silencio y no emite ningún pronunciamiento porque “no puede en el momento actual”, dado que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento. Un argumento idéntico al de la Fiscalía. También informaron que “no existe ningún recurso” contra la norma en dicho tribunal. Allí encuadraron la reunión como parte de la cortesía institucional por parte de dos entidades que llevan largos años colaborando, pero sí detallaron las competencias del TC y que su función de control constitucional se ejerce “a posteriori”, cunado las leyes salen del Parlamento. Asimismo, dieron cuenta de las dos vías que contempla el ordenamiento jurídico español para cuestionar la constitucionalidad de una ley: el recurso de inconstitucionalidad, reservado al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o cincuenta senadores; y la cuestión de inconstitucionalidad, que solo pueden promover los jueces si estiman que una de ley que se aplique en un proceso que estén dirimiendo es contraria a la Constitución, pero solo cuando su decisión dependa de esa norma.

Todas las fuentes consultadas por este periódico coinciden en calificar la actitud de los integrantes de la Comisión de Venecia como de “escucha activa”, sin preguntas y sin apenas interrupciones, un rol receptor frente a quienes les recibían para darles información. Y es que se trata de un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y su comitiva la integraron la directora, Simona Granata-Menghini; el secretario general, Pierre Garrone; y los relatores Martin Kuijer, de Países Bajos; Marta Cartabia, de Italia; Philip Dimitrov, de Bulgaria; Regina Kiener, de Suiza; y José Luis Vargas Valdez, de México. Sus informes no son vinculantes, pero tienen un enorme valor y prestigio desde el punto de vista jurídico.

Al mediodía tenían previsto encontrarse con expertos en derecho, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Sin embargo, fue el jueves por la tarde cuando escucharon las voces más críticas sobre el origen de la ley de amnistía y los motivos que hay detrás de ella y que advirtieron de las consecuencias que tiene para el Estado de derecho y la separación de poderes. En su encuentro con el presidente interno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se les entregó un dosier con las declaraciones que había emitido el órgano de gobierno de los jueces desde que se conoció el contenido del pacto de investidura entre Junts y PSOE, las acusaciones de «lawfare» contra el sistema judicial, la creación de comisiones de investigación, los insultos, señalamientos e injerencias políticas en los jueces que instruyen causas del «procés» y el mecanismo utilizado para tramitar la medida de gracia, mediante proposición de ley, una vía acelerada para su aprobación.

Las más críticas fueron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) que detallaron los ataques al Estado de derecho, mientras que Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) se aferró a que la ley todavía está en trámite. Hubo una entrevista que no se celebró, a pesar de que la delegación la solicitó: la del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que evitó el encuentro con el apoyo de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, que votó en contra.

La Comisión de Venecia, que destaca su independencia, prevé entregar el informe a las Cortes el 15 de marzo, aunque puede ser antes. No se espera un dictamen contundente, sino como mucho una serie de recomendaciones jurídicas sobre la amnistía.