La corrupción blanda del PSOE o el asalto a la Justicia y a los órganos jurisdiccionales

Todo autoritarismo democrático, como el que despunta hoy en España, comienza con la corrupción blanda. Este mecanismo consiste en el aprovechamiento de la ley para obtener ventajas partidistas que niegan la democracia. Hablamos especialmente de la ocupación de cargos del Estado, no por funcionarios de carrera o profesionales independientes, sino por feligreses del mandatario. Esos actos pueden ser legales, claro, pero no dejan de ser inmorales porque el fin buscado no es el servicio público, sino la satisfacción del interés partidista. Pongamos algunos ejemplos recientes de esa corrupción blanda de menor a mayor riesgo. Los nombramientos de Miquel Iceta y Héctor Gómez para cargos de representación internacional en la Unesco y en la ONU a pesar de no tener carrera diplomática son los menos dolorosos. Actuarán como el embajador español en la Unión Europea, que ha publicado un manifiesto a favor de la amnistía criticando al PP, a Vox y a Ciudadanos. Este cargo ha actuado como un hooligan del PSOE, no como un representante de España.

Luego está la conquista del Estado por parte del partido, viejo sueño del socialismo, que nos deja casos de mediana intensidad. Por ejemplo, el timo de Tezanos en el CIS, cuando es miembro de la Ejecutiva del PSOE, que dilapida sus fondos y su prestigio a las órdenes de Moncloa. También están Óscar López y Pedro Saura, íntimos de Sánchez, que dejaron en Paradores una pérdida de 23 millones de euros. ¿Qué sabían estos dos de turismo? Nada, pero da igual. Lo mismo que José Manuel Serrano con Correos, que ha acumulado una pérdida de 1.000 millones en cinco años.

Aumentemos la intensidad. Las asociaciones de altos funcionarios del Estado se han quejado formalmente por la injerencia del Gobierno en la promoción y selección del personal, con tribunales politizados y pruebas subjetivas. Es evidente que se busca el fin de la neutralidad y la profesionalidad de lo más sofisticado del Estado, para convertirlo en un apéndice del sanchismo. Es el mismo proceso destructivo que siguió el peronismo en Argentina, y así están.

Subimos la apuesta de la corrupción blanda con el asalto a la Justicia y a órganos jurisdiccionales. Todo comenzó con el paso de Dolores Delgado de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Ante la crítica del nombramiento por inmoral y antidemocrático, que no ilegal, el Gobierno reaccionó nombrando a Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Delgado. El CGPJ negó la idoneidad de este sanchista, pero el Gobierno se lo pasó por el arco del progreso.

Sin salir del asombro en esta competición de escándalos tan propios de la corrupción blanda, Sánchez colocó a Juan Carlos Campo, que fue su ministro, y a Laura Díaz, que trabajaba en Moncloa, en el Tribunal Constitucional junto a Conde-Pumpido. Los nombramientos no son para dejar tranquilo a ningún amante de la ecuanimidad. Campo dijo en el Congreso que estábamos en un «proceso constituyente», y Díaz es partidaria del derecho creativo y alternativo. Todos ellos estarán atentos a la batuta de quien no tiene problemas para manchar su toga con el polvo sanchista del camino.

Lo peor ha sido el cese de Manuel Fernández-Fontecha en la comisión constitucional del Congreso por obra de Fernando Galindo, el letrado de dicha cámara. El motivo no sorprende. La purga se ha debido a que Fernández-Fontecha ha sido riguroso e independiente en sus informes y juicios, acogiéndose siempre a la ley, como corresponde a un cargo del Estado. Llegó a decir que los acuerdos entre dos partidos, pongamos PSOE y Junts, no son medidas de gobernanza corriente, sino cambios constitucionales. Consecuencia: lo han sustituido legalmente por quien dirá lo que quiere oír el Gobierno. Eso es corrupción blanda. En este panorama, el nombramiento de Miguel Ángel Oliver, al servicio de Sánchez desde 2019, para dirigir la Agencia EFE, que mostrará al mundo las excelencias de la política de su jefe, es un asunto menor.