Desde la reunión de Suárez y Tarradellas en Moncloa en 1977, todos los presidentes han logrado cesiones políticas y económicas constantes.

n septiembre se cumplieron cuarenta años del restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña. Lo hizo por decreto, en un gesto de osadía política, el Gobierno de Adolfo Suárez, que había traído del exilio para llevar a cabo esta arriesgada operación a Josep Tarradellas. Todavía no se había elaborado la Constitución, ni, por tanto, existían los estatutos de autonomía. Pero aquella iniciativa, casi un golpe de mano, daría lugar al mayor período de autonomía de Cataluña, quebrado con el referendum ilegal del 1 de Octubre de 2017. El primer encuentro en la Moncloa entre Suárez y Tarradellas en junio de 1977 fue cordial en las formas, pero duro en el fondo. Al acabar la conversación, los dos fueron conscientes de que no se habían puesto de acuerdo en casi nada. Sin embargo, el viejo político catalán confesó a su salida, antes de acudir a ver al Rey, que todo había ido bien. «Una conversación con el presidente Suárez siempre es efectiva», dijo. Y Suárez comentó cuando lo supo: «Éste sí que es un político». El 23 de octubre de ese año tomaría posesión ante los «ciudadanos de Cataluña» desde el balcón de la Generalitat. El 13 de abril de 1978, en la sobremesa de un almuerzo en la agencia EFE, nos aseguraría a un grupo de periodistas: «Cataluña nunca se separará de España». Desde entonces, todos los honorables presidentes de la Generalitat de Cataluña han desfilado por la Moncloa con las alforjas al hombro. A cambio de su positivo papel en la elaboración de la Constitución del 78 y del apoyo parlamentario a los distintos Gobiernos de España, han conseguido cesiones políticas y económicas constantes, hasta el punto de que, cuarenta años después, la presencia del Estado central en aquella importante y peculiar región española se ha ido diluyendo hasta hacerse casi irreconocible. Una de las concesiones iniciales más importantes fue la introducción en la Constitución de la distinción entre nacionalidades y regiones.

El presidente Suárez aceptó lo de las nacionalidades en el curso de un almuerzo en la Moncloa con Jordi Pujol y Miquel Roca. La firma del Estatuto, a partir de ello, no fue tan complicada como el Estatuto de Guernica. La prolongación de la negociación se antojaba una forma de perder el tiempo. En estas, se echó el verano encima. Un día se presentó en la Moncloa Maciá Alavedra y entró en el despacho del jefe del gabinete del presidente. «Pero vamos a ver -preguntó- ¿quiere Suárez el estatuto o no lo quiere?». «¡Pues claro que lo quiere!», respondió Alberto Aza. «¡Collons, pues entonces vamos a firmarlo, que tenemos que irnos de vacaciones!». Y así fue cómo, por la urgencia de las vacaciones, se firmó el estatuto de autonomía de Cataluña, votado masivamente en referendum. Los frecuentes encuentros de Jordi Pujol y Felipe González, durante la presidencia de éste, fueron de estrecha colaboración. Se da por seguro que el dirigente socialista ayudó a Pujol a superar el problema de Banca Catalana, utilizando sus buenos oficios y los resortes del poder.

A pesar de todas las evidencias sobre los trapos sucios sacados a la luz en los últimos tiempos, González no ha tenido inconveniente en declarar públicamente: «Nunca he creído que Pujol sea un corrupto». En todos sus largos años en la Moncloa, con las especiales dificultades en su último mandado, el líder socialista contó siempre con el respaldo de los nacionalistas catalanes. También José María Aznar firmó en 1996, cuando llegó al poder, dejando de lado sus críticas anteriores, el llamado «Pacto del Majestic», por el que se garantizaba el apoyo de los catalanes a cambio de inversiones y competencias. En los cuarenta años de democracia, siempre ha ocurrido lo mismo. Los dirigentes políticos catalanes han hecho de bisagra en Madrid, sobre todo con los gobiernos en minoría, a cambio de salir de la Moncloa con las alforjas llenas. Especial complicidad ocurrió durante el Gobierno de Zapatero. La firma del «Pacto del Tinell» con el tripartito presidido por Pasqual Maragall impulsó, entre otras cosas la elaboración del nuevo estatuto que rompía claramente las costuras de la Constitución y que dio origen en gran manera, con las correcciones realizadas por el Tribunal Constitucional, a la gravísima conflictividad actual, a la que ha tenido que enfrentarse, con mejor o peor fortuna, el gobierno de Mariano Rajoy. La fotografía de Artur Mas a la Moncloa con una lista de peticiones, que acabaron en un cajón del despacho presidencial, fue la señal inequívoca del desencuentro entre la Generalitat y el Gobierno de España. Es la primera vez que esto ocurría. Con Rajoy se rompió la cuerda.

Sin grandes argumentos para hacerse ilusiones de un reencuentro institucional, tiene lugar hoy la visita de Joaquim Tora a la Moncloa. Parece un gesto de distensión y de relaciones públicas de Pedro Sánchez, pero sin demasiado recorrido. Habrá que verlo. Los ojos están puestos, de todos modos, en ver qué se lleva esta vez en las alforjas el controvertido y «antiespañol» presidente de la Generalitat. Entre él y Tarradellas se abre un abismo histórico.