Cifuentes dice al juez que “no tenía nada que ver” con la financiación electoral del PP madrileño

La ex presidenta madrileña dice que la adjudicación de la gestión de la cafetería de la Asamblea se hizo con “criterios técnicos, colegiados y no personales”.

Cristina Cifuentes ha negado que tuviera responsabilidad alguna en la financiación de las campañas electorales del PP madrileño y ha afirmado desconocer la existencia de la supuesta “caja B” del PP regional. “No tenía nada que ver”, ha asegurado según fuentes jurídicas respecto al supuesto desvío de fondos públicos para la financiación irregular de las campañas del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Su cometido era, según ha explicado, “dinamizar” el partido y encargarse de que los mítines en la región “estuvieran llenos” movilizando a las “estructuras” del partido: afiliados, distritos... El organigrama del PP de Madrid, ha asegurado, era “muy amplio” e incluía 31 secretarías, por lo que ella no participaba en los comités de dirección electoral.

“En las campañas cada uno teníamos un cometido definido -ha dicho-. Yo no sabía ni entraba en los de los demás porque no era de mi competencia”. De hecho, ha contado que no conocía a Horacio Mercado, cuyas empresas según la Fiscalía se habrían utilizado para desviar el dinero de supuestas campañas de publicidad de las distintas consejerías del Gobierno regional a la financiación electoral del PP madrileño. “En algunos actos de campaña le vi detrás del escenario”, se ha limitado a apuntar.

Respecto a la supuesta adjudicación fraudulenta de los contratos para gestionar en 2009 y 2011 la cafetería de la Asamblea regional al empresario Arturo Fernández para “gratificar” así las donaciones de este a la fundación Fundescam -destinadas según Anticorrupción al “pago subrepticio de gastos electorales”- Cifuentes ha negado la mayor. Según las fuentes consultadas, ha contado al juez que la adjudicación se produjo por unanimidad “con criterios técnicos, colegiados y no personales” en base a unos baremos fijados por la Mesa de la Asamblea de Madrid en los que primaban “la calidad y la organización y el precio era el último a considerar”. De hecho, ha justificado su decisión en el hecho de que el Grupo Cantoblanco prestaba también sus servicios “a Moncloa y a la Casa del Rey”.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido también, a preguntas de Anticorrupción, a las “cláusulas del 1%”, el instrumento que según el instructor habría utilizado el partido para “el desvío de ingentes fondos de las arcas públicas” al imponer al contratista en las licitaciones un 1% como máximo para campañas de publicidad que no se habrían realizado y que eran facturadas por empresas de Mercado. “Yo ni las quito ni las pongo. Ni sabía que existían”. “Desde que llegué al Gobierno en 2015 -ha precisado- esas cláusulas no existen”, porque según ha recalcado “mientras he gobernado la Comunidad de Madrid cualquier asunto que el Gobierno pensara que podía ser irregular lo hemos puesto en conocimiento de los tribunales”.

Respecto a Fundescam -la fundación “estrechísimamente” vinculada al PP regional que, según Anticorrupción, se utilizó para desviar a la financiación de esas campañas electorales las donaciones de contratistas beneficiados con adjudicaciones- ha asegurado que su presencia en el Patronato, entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, se explicaba por su condición de integrante del comité de dirección del PP de Madrid. “Éramos 16 personas”, ha precisado antes de añadir que posteriormente el propio Pablo Casado se incorporó al Patronato como presidente de Nuevas Generaciones en Madrid.

Asimismo, ha explicado que a la espera de recibir documentación sobre su gestión como patrona de la fundación. “No tengo los papeles delante, aunque los he pedido en Génova porque han pasado muchos años”, se ha excusado.