El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró ayer «muy razonable y muy adecuada» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha condenado a dos años de inhabilitación a Artur Mas por desobedecer la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar el 9-N. En su opinión, la resolución del tribunal catalán deja claro que «las sentencias se cumplen. Todos por igual, con independencia de la condición política, económica o de otro tipo».

La buena noticia, añadió, es que la Justicia, «con sus tiempos, resuelve las querellas y los procesos, porque en España las leyes se cumplen y quien las incumple acaba teniendo la sentencia que el Derecho prevé».

En cuanto a los llamamientos desde distintos sectores independentistas para que los condenados no cumplan la condena, el titular de Justicia destacó que «quien pone de manifiesto una voluntad de incumplir una sentencia, una Ley, está haciendo un flaco servicio a la democracia».

Sobre si esta sentencia puede servir de «precedente», señaló que la misma marca una «doctrina, una línea», en la que se pone de manfiesto los criterios en los que se incurre en desobediencia al TC, con lo que podrá servir de «referencia» a aquellos casos que tengan «elementos parecidos» a los que ha derivado en la condena a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Asistencia a 60.000 víctimas

Por otro lado, el ministro de Justicia anunció ayer que la Oficina de Atención a las Víctimas creada con el Estatuto de la Víctima, que entró en vigor en octubre de 2015, ha atendido ya a 60.000 personas en 255.000 actuaciones. Este dato lo dio a conocer durante la presentación de primer estudio elaborado en España de Derecho comparado sobre la protección a las víctimas en los procesos penales, realizado por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la Fundación Thompson Reuters y dos despachos internacionales. En las jornadas ha participado también el magistrado y vocal del Consejo general del Poder Judicial Juan Manuel Fernández,quien señaló como un avance en nuestro ordenamiento jurídico el haber potenciado el papel de las víctimas con discapacidad en el proceso, «y encargase de que no sufran un daño mayor que el ya han sufrido con la comisión del delito».

El titular de Justicia valoró especialmente que el Estatuto de las Víctimas permita a éstas recurrir la libertad condicional y los permisos penitenciarios de sus agresores. Es importante que «las víctimas tengan voz, sean escuchadas», en el procedimiento de libertad condicional de los autores de los delitos.

Por otro lado, adelantó que su Departamento prevé impulsar un protocolo específico para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener “testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial, de manera que resulte plenamente garantista con sus derechos, evitando una segunda victimización de los menores”.