La Casa Cornide ya es BIC mientras La Coruña prepara acciones legales contra los Franco

El Consello de la Xunta de Galicia ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, un inmueble en el casco histórico de La Coruña en manos de la familia Franco, que tras esta decisión deberá permitir visitas públicas gratuitas al menos cuatro días al mes. Es un paso idéntico al seguido en su día con el Pazo de Meirás, cuya declaración BIC obligó a la apertura al público, una gestión que recayó en la Fundación Franco hasta que una sentencia otorgó la propiedad al Estado. A la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso presentado por los Martínez Bordiú-Franco.

El Gobierno gallego inició el expediente por Cornide en mayo de 2021, por lo que ha agotado el plazo de dos años previsto tras la solicitud del Ayuntamiento de La Coruña, que anunció acciones judiciales para recuperarla.

La declaración de BIC, la número 780 en Galicia, supone la protección integral del inmueble construido en el siglo XVIII. El decreto lo considera un monumento que sobresale arquitectónicamente por su singularidad al fusionar un carácter militar definido por la robustez de su aspecto pétreo, sus elementos barrocos y su carácter cosmopolita de la arquitectura de la primera Ilustración.

La Casa Cornide acabó como un «regalo» de Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa –título extinto el año pasado en aplicación de la Ley de Memoria Democrática–, a Carmen Polo, esposa de Franco. Barrié de la Maza fue uno de los impulsores de la acción –la Junta pro pazo– que terminó con Meirás regalado a Franco en 1938, y que fue anulada por la justicia en 2020.

La vivienda acabó por una cesión en manos del Ayuntamiento de La Coruña, que estableció su sede en el inmueble durante algunos años. En 1957 pasó al Gobierno con el objetivo de convertirlo en un centro de estudios, a través del Ministerio de Educación, pero se produjo la operación que lo dejó en manos de Carmen Polo: en un movimiento a varias bandas, el consistorio permutó otra propiedad para recuperar la Casa Cornide y, a continuación, la subastó. Los cambios de titularidad se produjeron mientras eran alcaldes Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano, que mantienen calles en la ciudad cuyas denominaciones reclaman modificar los colectivos memorialistas.

Los Franco no han querido recurrir: «No se puede ganar, porque es la Xunta la que decide»

En 1962, Pedro Barrié de la Maza, que también tiene una calle en la ciudad, ganó la subasta por 305.000 pesetas y tres días después se la vendió a Carmen Polo por 25.000. Aunque las condiciones establecían una prohibición de venta inmediata, se hizo una excepción. Los colectivos memorialistas defienden que, en la práctica y por ese precio, fue un «regalo».

La familia Franco siempre defendió que se trató de una operación legal fruto de una voluntad de Barrié de la Maza, pero los memorialistas argumentan que tanto Carmen Polo como Francisco Franco supervisaron los movimientos. La adquisición respondía, además, al deseo de Carmen Polo de poder acudir a La Coruña de manera temporal sin necesidad de ir al Pazo de Meirás, en el término del municipio de Sada.

Cuando empezó el debate sobre la propiedad de Meirás, el Ayuntamiento de La Coruña, entonces de la Marea Atlántica, anunció acciones legales para recuperar la propiedad municipal. Unas acciones que no se han materializado, aunque el actual Ejecutivo, del PSdeG, ha vuelto a anticipar que irá al juzgado para reclamar la titularidad de un inmueble que los Franco pusieron a la venta en julio de 2020 en la inmobiliaria Philippot & Lloyd por un precio «a consultar». Su letrado, Luis Felipe Utrera-Molina, asegura que «jurídicamente no hay base alguna para reclamar Cornide».

La familia tenía la posibilidad de recurrir la declaración BIC por la vía administrativa y judicial, cosa que ya hizo con el Pazo de Meirás que, tras ser declarado BIC en 2008, no se mostró al público hasta 2011, una vez resueltos los recursos, pero Francisco Franco Martínez-Bordiú, confirmó a LA RAZÓN que esta vez no se planteaban esa opción: «No vamos a recurrir porque no vamos a seguir gastando dinero en algo que es potestativo de la Xunta y que no se puede ganar, porque ellos deciden qué es BIC y qué no». Algo que, en su opinión, «puede estar más justificado en el caso de la casa Cornide que respecto a Meirás».