La carga de trabajo y el acoso político pasan factura a los jueces: el 42% de las jubilaciones ya son voluntarias

El 42% de los 109 jueces que se jubilaron el pasado año lo hicieron de forma voluntaria, según pone de relieve un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que alerta de que cada cuatro días se jubila un juez en España. Y junto a las razones ya conocidas del aumento de la carga de trabajo y la falta de incentivos descuella otro factor que explica en parte esas renuncias anticipadas a la carrera judicial: el "proceso de deslegitimación del Poder Judicial por parte de distintos sectores de la clase política que lleva consolidándose durante los últimos años en nuestro país".

Mientras se suceden los ataques a los jueces, incluso desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez -a cuenta de las investigaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-, la asociación judicial (segunda más representativa de la carrera) incide en que el afianzamiento de esa "campaña de desprestigio de la función jurisdiccional" es una de las causas que termina por llevar a algunos jueces a tirar la toalla, según han constatado "en las conversaciones mantenidas con compañeros" que han optado por jubilarse anticipadamente pese a no haber alcanzado la edad de jubilación, fijada en los 70 años.

En esos cambios de impresiones afloran, claro, razones personales, "pero también la desazón porque no ven horizonte a una Justicia cada vez más desbordada, a una carga de trabajo creciente ante la que no se está poniendo remedio", a la ausencia de una carrera profesional y, también, a lo que consideran un campaña de acoso contra los togados que al cuestionar su independencia debilita su imagen de independencia ante la ciudadanía.

Para Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ese proceso de deslegitimación "es evidente desde hace varios años", una deriva que considera en todo caso que "no es exclusiva de España". El objetivo, explica el magistrado, es "restar valor al Poder Judicial como poder independiente" e intentar "colonizar el último reducto independiente de nuestro sistema democrático". Una ofensiva que, alerta, "horada" el pensamiento de la ciudadanía "y debilita la confianza eren los jueces". "Te vilipendian día sí y día también", se queja, "por lo que consideran que es tratar de perjudicar al partido en el poder, sea el PSOE o sea el PP".

"No hacer nada no puede ser una opción", defiende la asociación judicial ante la "inevitable merma de la calidad del servicio público" que amenaza -advierte- "con la quiebra de la tutela judicial efectiva" (el derecho que tiene todo ciudadano de recibir amparo de la Administración de Justicia). No en balde, avisa la AJFV, en los próximos ocho años se jubilarán de forma forzosa 1.256 jueces, a los que habrá que añadir (si continúa la tendencia de los últimos años de renuncias voluntarias por encima del 40%) otros 500. Que se jubilen 1.756 jueces (a día de hoy son 5.416 los miembros de la carrera) equivale al 32,42% del total.

La incorporación de jueces sustitutos no convence

La AJFV se queja de que ni el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han "esbozado siquiera una solución para hacer frente al desafío histórico de las jubilaciones masivas". Pese a que "son conocedores de esta situación", lamenta, no han adoptado "ninguna decisión significativa en forma de incremento de plantilla". Y eso que, recuerda la asociación, que en mayo de 2023 el propio CGPJ alertó de que resultaba imprescindible incorporar a 6.500 jueces a la carrera en la próxima década, lo que obliga a convocar entre 310 y 320 plazas anuales hasta 2032 frente a las 120 que, por ejemplo, se convocaron el pasado diciembre, que "no alcanzan ni el 40% del objetivo planteado por el CGPJ".

Sobre la mesa, la reforma que promueve el Gobierno para modificar el acceso a la carrera judicial, abriendo la puerta a la incorporación de los jueces sustitutos. Algo que no convence a la AJFV. "La falta de jueces no puede servir de justificación para que gente que no ha aprobado la oposición pueda acceder a la carrera por la puerta de atrás", asegura el portavoz de la asociación, que puestos a incorporar a jueces por otra vía que no sea el concurso por oposición se inclina antes por "ampliar el cuarto turno", destinado a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia.

De las 109 jubilaciones de jueces el pasado año, 57 fueron por razón de edad, 46 voluntarias y otras seis por una incapacidad permanente. Ese 42,20% de renuncias anticipadas que preocupa a la asociación supone, sin embargo, un ligero incremento respecto a las cifras de 2023, cuando las jubilaciones voluntarias supusieron un 47,77 por ciento (47 sobre 99).

En general, el aumento del número de jubilaciones también es tributario del envejecimiento de la población, con los primeros integrantes de la generación del "baby boom" de los años 60 del pasado siglo a las puertas del fin de su etapa laboral, lo que "incrementa aún más el número de bajas".

Por debajo de la media europea

Pero es el aumento de la tasa de litigiosidad (número de asuntos ingresados por cada 100.000 habitantes) uno de los factores que más atosigan a los jueces. No en vano, si en 2018 se situaba en 128,3 asuntos, en 2024 está ya en 157, algo que genera -denuncia la asociación- "una situación de estrés insostenible para muchos jueces". Y es que entre 2018 y 2023 esta tasa se disparó en 17 puntos, y entre 2023 y el pasado año, en otros doce puntos más. Y todo ello con el reto de la implantación de los tribunales de instancia a partir del próximo verano. Y todo ello, recuerda, con una tasa de 11,26 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la medida europea de 17,6.

"Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la administración de justicia, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, lo que puede precipitar sus jubilaciones anticipadas", señala la AJFV en su estudio.

Junto a estos factores, la asociación destaca la "falta de un sistema de incentivos claros". "Cuando los jueces no tienen un camino claro de desarrollo profesional que reconozca su experiencia y competencia -lamenta- es más que probable la búsqueda de otras oportunidades profesionales o que consideren la jubilación anticipada como una opción atractiva". Esa falta de incentivos profesionales, añade, "puede desmotivar a los jueces experimentados, lo que a su vez puede llevar a una pérdida de experiencia y conocimiento en el sistema judicial".

Con este panorama, concluye la asociación, "está en riesgo la tutela judicial efectiva de la ciudadanía" porque, subraya, "una justicia tardía no es justicia". Para buscar soluciones, insta al Gobierno a diseñar un plan estratégico para los próximos años "con una oferta pública nunca vista para los opositores a jueces, que permita, al menos de forma parcial, atemperar las dramáticas consecuencias de las jubilaciones masivas de la carrera judicial". Y hace hincapié en que la puesta en marchad de los tribunales de instancia "será la prueba del algodón para comprobar si de verdad existe una verdadera voluntad política para aumentar el número de jueces por habitantes, acercándonos a la media europea".

Además, insiste, es necesario avanzar en la modernización de la Justicia, "optimizando recursos que permitan mejorar la eficiencia y disminuir la carga de trabajo de los jueces, reduciendo la litigiosidad".