Begoña Gómez esgrime que desconoce la segunda denuncia contra ella y las acusaciones populares ven "mala fe"

Begoña Gómez apenas ha permanecido media hora ante el juez que le investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios antes de que el magistrado Juan Carlos Peinado haya suspendido la comparecencia a petición de su abogado, después de que la esposa del presidente del Gobierno, a preguntas del instructor, ha asegurado que no conoce por qué se le investiga. Tendrá que volver el próximo día 19 de julio, una vez el juez notifique a su abogado la querella de Hazte Oír (que se unió a la que presentó inicialmente Manos Limpias) y que según ha expuesto la defensa de Begoña Gómez no se le ha notificado.

Las acusaciones populares achacan la suspensión de la comparecencia, que se ha desarrollado rodeada de unas excepcionales medidas de seguridad, a la "mala fe procesal" de la defensa de Begoña Gómez, mientras su abogado, Antonio Camacho, ha asegurado a los periodistas que la esposa de Sánchez "quería colaborar" con la Justicia. "No voy a permitir que haga una declaración si no tiene pleno conocimiento del objeto de la causa", ha hecho hincapié. "Hemos tomado la mejor decisión, no solo para la investigada, sino también para el Estado de derecho", ha afirmado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.

Con los aledaños de la sede judicial tomada por la Policía -más de una veintena de furgones de los antidisturbios estaban repartidos por los alrededores del edificio-, Begoña Gómez ha entrado en el edificio, como estaba previsto, por el garaje y, acompañada por cuatro miembros de seguridad, ha llegado al Juzgado de Instrucción número 41 pasadas las 10:15 de la mañana.

La comparecencia, de la que se han grabado imágenes y no solo el audio -como pretendía el abogado de Begoña Gómez para evitar filtraciones dada su "relevancia pública"-. Tras leerle el magistrado sus derechos, le ha preguntado, como es habitual, si conoce los hechos por los que ha sido citada a declarar en calidad de investigada. "Yo no sé de qué se me acusa", ha contestado según fuentes jurídicas, que señalan que se encontraba "tranquila".

A continuación, el instructor ha hecho salir de la sala de vistas a todas las partes, salvo a Begoña Gómez y su defensa, para instruirle brevemente sobre el objeto del procedimiento, momento en el que se ha referido, además de a la inicial denuncia del procedimiento, que impulsó la investigación judicial, a la posterior querella de Hazte Oír. Ha sido entonces cuando, según las fuentes consultadas, su abogado ha hecho notar al juez Peinado que no se le ha notificado esa segunda noticia, por lo que en esas condiciones no estaba dispuesta a declarar. Una pretensión a la que ha accedido Peinado, que ha fijado esa nueva comparecencia a las diez de la mañana del próximo 19 de julio.

El letrado ha argumentado que en el auto en el que precisó el objeto del procedimiento, el juez se refirió expresamente a los hechos que contiene la denuncia inicial de Manos Limpias, excluidos los tres contratos de la empresa de Carlos Barrabés, impulsor del máster de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense, que ya investiga la Fiscalía Europea por estar financiados con fondos comunitarios. Lo cierto es que en esa resolución el instructor ya apuntaba a la existencia de posible nuevos hechos que investigar en esa segunda querella de Hazte Oír. Pero Peinado no incluyó esa valoración en la parte dispositiva del auto, por lo que el abogado de la investigada -que por tanto sí tenía conocimiento a través de esa resolución de que Begoña Gómez también podía a ser interrogada sobre esos extremos- se amparó en ese despiste procesal para no reclamar esa denuncia al instructor antes de la comparecencia.

Ya fuera del juzgado, el abogado de Begoña Gómez -que se ha quejado recurrentemente en sus escritos de que le resulta "imposible" saber por qué hechos se le investiga- ha asegurado que se ha visto "sorprendido nuevamente" por el juez al hacer referencia a una denuncia que no se le ha notificado. "Hemos decidido que no declarara", se ha justificado.

La misma sorpresa, aunque por otras circunstancias, que ha provocado en las acusaciones populares que la esposa de Pedro Sánchez haya pedido el aplazamiento de la declaración. Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, le achaca "mala fe procesal", mientras que Luis María Pardo, letrado de Iustitia Europa, ve "sorprendente que no sepa de qué se le acusa cuando hay tres tomos en la causa que se le han notificado a su procurador". Idéntica perplejidad mostraban tanto el abogado de Manos Limpias, Carlos Perales, como la letrada de Vox, Marta Castro, acompañada del europarlamentario Jorge Buxadé, quien ha señalado que Begoña Gómez "no puede ser tratada de forma diferente a cualquier otro ciudadano", en referencia a que se le haya permitido acceder por el garaje por motivos de seguridad, y no por la puerta principal, como es habitual.

El objeto del procedimiento

La comparecencia de Begoña Gómez ha venido precedida del tira y afloja entre el instructor y la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, que se ha quejado de desconocer qué hechos se le imputan después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación de los tres contratos adjudicados por Red.es a Innova Next SLU, la empresa de Juan Carlos Barrabés -cuya declaración está prevista el próximo día 15 por videoconferencia desde el hospital, con la presencia también de Begoña Gómez en los juzgados por orden del juez- y de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación pero la acotase, por el momento, a esos contratos.

Tras un auto que al abogado de la investigada, el exministro socialista Antonio Camacho, no le aclaró nada -hasta el punto de quejarse de que resultaba "imposible" saber por qué hechos se investiga a su clienta, aunque lo cierto es que el letrado no pidió en ningún momento la suspensión de la declaración-, el juez Peinado aclaró en una resolución posterior que investiga a Begoña Gómez por "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas" que ha llevado a cabo, en el marco de su relación con Barrabés, impulsor de su máster en la Universidad Complutense y a quien avaló en las adjudicaciones investigadas, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

El foco de la investigación, desde que Sánchez es presidente

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid expuso en esa resolución que "tan solo una parte" de sus vínculos con el empresario se ha plasmado en la adjudicación de diversos contratos, aclarando en todo caso que "no todos de esos contratos" han sido financiados con fondos europeos. Con esos mimbres, asegura, y dando por supuesta la "lealtad procesal" de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, se deduce "con toda claridad los hechos que son objeto de investigación".

Las actuaciones de Peinado en las últimas fechas dan una idea de por dónde orienta la investigación. El pasado 16 de junio, citó a declarar como testigo al rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, en relación al máster que codirigía Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva, que fue impulsado por Juan Carlos Barrabés, quien a su vez sería avalado por escrito por la esposa del presidente del Gobierno en las adjudicaciones investigadas ahora por la Fiscalía Europea. En relación a este asunto, un informe de Intervención de la Universidad Complutense revelado por El Mundo apreció una "inobservancia absoluta" de los controles legalmente establecidos para la contratación en la cátedra que dirigía en la universidad la esposa del jefe del Ejecutivo.

Por otro lado, cuatro días después el instructor ordenó una batería de diligencias en relación a seis expedientes de adjudicaciones a Innova Next SLU, en solitario o en unión de otras sociedades, en las que por ahora no hay indicios de que la esposa del presidente del Gobierno intercediera en favor del empresario. Cuatro de esas adjudicaciones corresponden al Ayuntamiento de Madrid (donde gobierna el PP), otro a Red.es y el último al Consejo Superior de Deportes (CSD). De hecho, Peinado ha encargado a la UCO que pida a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe que detalle "posibles irregularidades" en las fases de "preparación, licitación, adjudicación y ejecución" de esos expedientes.

El primero de esos contratos fue adjudicado en 2020 por la dirección general de Red.es, organismo público entonces dependiente del Ministerio de Economía, para "servicios de apoyo y asesoramiento" a la oficina de ayuda a la pequeña y mediana empresa Acelera PYME. El juez también pone el foco en el CSD, que contrató con Barrabés en 2022 el servicio de apoyo "para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte", así como la coordinación de todos los programas de innovación desarrollados por el Consejo Superior de Deportes. Esos trabajos se plasmaron también en la configuración de un Hub de Innovación del Deporte.