Arranca el juicio contra los etarras «Ata» y Zaldua por el asesinato de Giménez Abad

El que fuera último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, «Ata», y la exintegrante de la banda Miren Itxaso Zaldua se sientan desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, que les juzga por el asesinato, en 2001, del expresidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, tal y como avanzó este periódico en abril. La Fiscalía pide para ellos 30 años de prisión.

Después de años de investigación ante uno de los 379 crímenes de la banda terrorista todavía sin resolver y en los que el hijo del también senador llegó a viajar a París para identificar a «Ata», finalmente el tribunal sentará a ambos en el banquillo y para quienes, además de esa pena de prisión, el Ministerio Público también solicita la prohibición de acercarse a un kilómetro de Zaragoza y una indemnización para la familia.

Y es que el exdirigente de la banda, detenido en 2010 en Bayona (Francia), será definitivamente juzgado después de que Francia, donde cumple cadena perpetua por diversos atentados, accediese a la petición de entrega que cursó el pasado mes de abril la Audiencia Nacional alegando que era «imprescindible su presencia en el juicio oral».

"Por la espalda y a bocajarro"

La Fiscalía sostiene que tanto «Ata» como Zaldua, como integrantes del «comando Basajaun», «decidieron dar muerte a Giménez Abad y, para ejecutar su plan criminal, que los dos habían diseñado y ejecutaron concertadamente, se desplazaron hasta la ciudad de Zaragoza». Allí, sobre «las 18:30 horas del día 6 de mayo de 2001, Giménez Abad se dirigía al estadio de la Romareda a ver un partido de fútbol acompañado de uno de sus hijos, por entonces menor de edad». «Mientras caminaban por la calle de la Princesa –prosigue–, el procesado Carrera Sarobe se aproximó a ellos y disparó por la espalda y a bocajarro al señor Giménez Abad y continuó disparando mientras caía y cuando ya se encontraba tirado en el suelo, todo ello en presencia de su hijo menor de edad».

A Zaldua, que fue arrestada en 2020 en Hernani (Guipúzcoa) y que negó su supuesta participación en el crimen ante el juez, varios testigos la ubicaron en las inmediaciones del atentado y la identifican como la mujer que huyó con «Ata».

Mientras, en su escrito de acusación, la familia de Giménez Abad, que ejerce la acusación particular, pide imponer a ambos las mismas penas de 30 años de prisión y la prohibición de aproximación a la ciudad de Zaragoza a menos de 1 kilómetro durante 5 años. Además, solicitan que tengan que indemnizar conjunta y solidariamente a la viuda y a cada uno de los cuatro hijos del dirigente con la cantidad de 250.000 euros.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, también ha solicitado que se imponga la misma condena para ambos etarras.

La Sala dio su visto bueno a que Borja, el hijo de Giménez Abad que le acompañaba el día de su asesinato, declare en la vista oral como testigo, una comparecencia que solicitaron a la Audiencia Nacional tanto las acusaciones como las defensas de los dos etarras.

También declararán, entre otros, varios agentes policías y guardias civiles (algunos de ellos como peritos, lo que han cuestionado las defensas), así como los forenses que realizaron la autopsia y los agentes que llevaron a cabo el análisis balístico.