Ángel Gabilondo no puede hablar a título propio de la polémica Ley de Amnistía porque es el Defensor del Pueblo, dos condiciones que, a su juicio, van unidas de forma indisoluble. Y el Defensor del Pueblo no puede hablar de la Ley de Amnistía porque aún no está aprobada. Por tanto, pese a la trascendencia de la norma, el máximo representante de los intereses ciudadanos no puede opinar sobre el tema ni a título profesional ni a título individual.

Con este argumento, y recurriendo a su acreditada prudencia, Gabilondo ha eludido este viernes, como ha podido, pronunciarse sobre el pacto firmado por el Gobierno socialista (el que pertenece Gabilondo) con Junts y su líder, Carles Pugdemont. 

Los intentos para conocer la opinión del Defensor del Pueblo ante un tema tan trascendental como la Ley de Amnistía, y en especial por la discriminción que supone para el resto de ciudadanos que no se beneficiarán de esta medida, se produjeron este viernes en una entrevista del periodista Carlos Alsina en Onda Cero.

Al ser preguntado por Alsina al respecto de si ha recibido alguna petición para revisar si la futura ley de amnistía supusiera una discriminación de ciudadanos en razón de su ideología, por ejemplo, Gabilondo reconoció que se han recibido escritos, pero que de momento no puede intervenir.

"Haremos lo que tengamos que hacer"

"Nosotros no hacemos incidencia política y sobre las leyes sólo intervenimos una vez están aprobadas", explicó el ex ministro y ex líder de la oposición en la Comunidad de Madrid . Por el momento, la ley de amnistía debe ser aprobada en el Congreso, con las modificaciones correspondientes, "y nosotros, a la luz de la ley, haremos lo que tengamos que hacer", pero no antes.

Para Gabilondo, asegura, esto "supone un ejercicio de disciplina personal y responsabilidad". Por parte del Defensor del Pueblo "nos toca reclamar que se haga un debate serio, que las administraciones funcionen y, en su caso, informar sobre la ley porque no somos el Consejo de Estado", sino que son los supervisores de las leyes.

En caso de considerar inconstitucional la ley de amnistía, el Defensor del Pueblo la podría llevar al Tribunal Constitucional para su revisión. "Podemos intervenir llevándola al Tribunal Constitucional, pero eso tiene que ser posterior", sentencia Gabilondo.