Ángel Ron se defiende del "caso Popular": se siente perjudicado por el "expolio" del banco y recurrirá el auto

El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, se defiende del auto en el que hoy la Audiencia Nacional propone sentarle en el banquillo de los acusados. Nada más conocer la resolución, ha emitido un comunicado en el que asegura que la entidad era “solvente”. Por ello, asegurá que recurrirá ante los tribunales y apunta a la “resolución no investigada que acabó con el banco”.

“Recurriré el auto porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados”, ha señalado en un comunicado. El juez del "caso Popular" José Luis Calama propuso llevar a juicio a Ron junto a otros doce directivos de la entidad y a la consultora PriveWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 del Banco Popular. Considera que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio" y, por tanto, engañaron a los inversores. Solo acordó el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho.

Ron sostiene que la ampliación de capital de 2016 “reforzó los niveles de solvencia y provisiones” y recuerda que también fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros. Todo ese dinero se perdió tras la resolución de la entidad, asegura. "Soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular”, asevera.

El exdirectivo recuerda también que los peritos del Banco de España (BdE) avalaron la solvencia del banco en el momento de su resolución, cuando contaba con 11.000 millones de patrimonio neto. Y subraya que además era una entidad viable y rentable, con más de 1.150 millones de beneficios anuales recurrentes antes de provisiones. Los mismos peritos afirman en su Informe de 8 de abril de 2019 que “las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”.

Precisamente, en la instrucción se cuestiona que se haya camuflado un volumen importante de créditos dudosos para que la entidad no tuviera que incrementar el volumen de provisiones para asegurar estas operaciones de riesgo.

Pero insiste en su defensa y en los informes del BdE. “No conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él”, afirma.

Ron denuncia también que la instrucción del conocido como “caso Popular” se ha dilatado durante seis años y medio, casi siete años desde la resolución del banco y “su entrega por ‘menos dos mil millones de euros’ a un competidor”.

Para el exdirectivo, las inspecciones que se realizaron al Banco Popular no tenían carácter contable, sino que se trataba de “recomendaciones prudenciales” y, de adoptarse, serían “de registro prospectivo”.Sostiene que precisamente por adoptarse prospectivamente, queda probado que "no había errores en la contabilidad anterior, y en particular en la de cierre del ejercicio 2015”.

"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016”, asegura con rotundidad en el comunicado, en el que asegura que los peritos respondieron al instructor que “desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016.”

Ron defendió también lo que calificó como “trabajo arduo, muy profundo y riguroso” durante su etapa como presidente del Banco Populary se mostró confiado en que demostrará “que las cosas se hicieron correctamente” y que nunca recibió ningún requerimiento por incumplimientos regulatorios.

Por ello, dijo que podrá sobre la mesa las “pruebas demoledoras” que descartan las tesis del instructor, al que señaló por rechazare impedir “la práctica de muchas de ellas en plenitud” y de obviar otras.