El administrador de la empresa de la "trama Koldo" duplicó su sueldo tras las adjudicaciones

La Guardia Civil no solo ha seguido el rastro de las comisiones que se embolsaron los principales imputados por la adjudicación de los contratos a la "trama Koldo", sino que también ha constatado que los supuestos "pelotazos" urdidos en torno a la influencia de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se reflejaron en un "beneficio económico" para otros de los investigados.

Según consta en un documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el actual administrador de Soluciones de Gestión -la empresa que resultó beneficiaria de las adjudicaciones bajo sospecha por valor de más de 53 millones de euros, lo que habría generado a la "trama" unos beneficios superiores a los 16,5 millones- duplicó su nómina tras la adjudicación de los contratos en 2020.

Los agentes han constatado que Daniel Sierra, uno de los detenidos el pasado 20 de febrero en la "operación Delorme" -investigado por blanqueo y fraude fiscal-, pasó de cobrar una nómina anual de 41.000 euros entre 2017 y 2019 a percibir unas retribuciones de 50.000 euros en 2020 y de 82.000 al año siguiente. La investigación policial apunta, no obstante, que cuando esos contratos se adjudicaron, era un mero empleado de Soluciones de Gestión, hasta que el 20 de octubre de 2020 "asumió el cargo de apoderado de dicha mercantil".

En la denominada diligencia de imputación, incorporada al sumario del "caso Koldo", el Instituto Armado sostiene que Sierra obtuvo por tanto "un beneficio económico" de la adjudicación de esos contratos por parte de Puertos del Estado, ADIF (organismos ambos dependientes del Ministerio de Transportes), de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, el Ingesa y los servicios de Salud de Canarias y Baleares cuando al frente de ambas administraciones estaban el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, respectivamente.

La Guardia Civil considera a Sierra "el testaferro de Cueto", en referencia al empresario Juan Carlos Cueto, quien según los investigadores era quien realmente controlaba Soluciones de Gestión y ostentaba su "titularidad real". Fue, añade, quien "participó en la ejecución de los contratos investigados adoptando un rol de apoderado".

Vínculos con la inversión de los beneficios

Pero los agentes conectan a Sierra con otra de las ramificaciones de las controvertidas operaciones: la inversión de parte de los beneficios en el negocio de la pizarra por parte de Cueto y Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF (señalado como el "conseguidor" de la "trama"). No en balde, según señala en ese documento figura desde el 13 de octubre de 2021 como representante de la sociedad Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara.

Y es que, según ha constatado la Guardia Civil, actuó como representante de Global Capadocia (anterior denominación de Comercializadora Pizarras Santa Bárbara) cuando Soluciones de Gestión se hizo con participaciones de esta mercantil.

Se da la circunstancia de que esta empresa, todavía con la denominación de Global Capadocia, habría pagado en 2021 a Soluciones de Gestión 820.497 euros, lo que supuso el 97 por ciento de los ingresos declarados por la empresa de la "trama Koldo" en ese ejercicio.

Sierra fue designado administrador de Soluciones de Gestión en julio de 2021 en sustitución de la sociedad Purdey Investment, que desde febrero de 2017 ejercía como administradora única.

Hasta ese momento, y desde octubre de 2020, era apoderado de la empresa en el epicentro de la trama. También en esas fechas era designado apoderado otro de los investigados, el empresario Iñigo Rotaeche. Ambos ocupaban ese cargo cuando en diciembre de ese mismo año el Ministerio de Sanidad, a través del Ingesa, adjudicó a la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de gestión dos lotes para la adquisición de mascarillas (un contrato que, sin embargo, no llegaría a ejecutarse).

Según consta en los informes de la UCO, Sierra participó -junto a Rotaeche y José Ángel Escorial, que fue administrador de Soluciones de Gestión- "en la intermediación con la Administración Pública para la entrega de las mascarillas" en representación de la empresa bajo sospecha.