Amnistía, referéndum, verificador internacional y "lawfare", las claves del pacto

PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, sellado en un documento de cuatro páginas, firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull y que incluye un preámbulo y diversas carpetas muy sensibles políticamente. Las cesiones del PSOE son el precio a pagar para lograr el apoyo de Junts a la investidura, y estabilidad durante toda la legislatura.

En el preámbulo del documento, PSOE y Junts se remontan al siglo XVIII y aluden a los Decretos de Nueva Planta que "abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya" para situarlo como punto de partida de las reivindicaciones de los independentistas catalanes. En el mismo preámbulo, se traza un recorrido por los distintos puntos del "procés" y se llega al 1-O, en el que se reconoce que registraron imágenes que "impactaron" a todos, en referencia a las actuaciones policiales. Si bien, el punto que se sitúa como nuclear para el estallido del "procés" es la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que recortaba 14 puntos del Estatut: esa resolución, sin embargo, fue celebrada por el PSOE, que estaba al frente del Gobierno y la consideró una "derrota en toda regla del PP", que es el partido que promovió el recurso ante el TC.

A continuación, se repasan las carpetas más importantes que han pactado PSOE y Junts:

Amnistía

El acuerdo de la ley de amnistía ya estaba hecho entre el PSOE y ERC, pero también va incluido en el pacto entre socialistas y posconvergentes. El texto legal se podría registrar el lunes y ahí será cuando se conozcan todos los detalles, aunque el ámbito temporal que abarcará irá de 2013 hasta este mes de noviembre. En este sentido, todavía se desconoce el articulado porque los partidos firmantes tienen que leerlo y Junts aspira a introducir algún cambio aún después de la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo. En todo caso, Junts ha conseguido la amnistía sin renunciar a la unilateralidad.

"Lawfare"

La amnistía podría ser enmendada y ampliada en función de las conclusiones que arrojen las comisiones de investigación que pretende crear el independentismo en el Congreso para abordar "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política": es decir, acciones judiciales dirigidas contra los políticos independentistas por sus actuaciones fuera de la legalidad. Este punto ha desatado la protesta de las asociaciones judiciales que consideran que las comisiones de investigación pueden suponer "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Negociación del referéndum

El documento del acuerdo incluye dos ámbitos: el "reconocimiento nacional de Cataluña"; y, "la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno". El primer ámbito incluye la negociación de un referéndum: ambos partidos han acordado que este mismo mes de noviembre se celebre ya la primera reunión, en la que Junts propondrá "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución", mientras el PSOE "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". Es decir, Sánchez y Puigdemont mantienen sus posiciones y se emplazan a negociar en una mesa creada para la ocasión.

Privilegio fiscal

En este sentido, sobre el segundo ámbito de negociación, relacionado con el autogobierno, Junts propondrá "de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña", mientras el PSOE "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.

Mediador

El acuerdo fija los dos ámbitos en los que se va a mover la negociación, pero también la metodología: en este sentido, ambos partidos han acordado la creación de un "mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento" para desarrollar la negociación entre las partes. "En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos", señala el documento. Este punto es el que hace referencia al mediador que reclamaba Puigdemont: el dirigente de Junts ha exigido que esa mediación será de ámbito internacional. Es decir, tanto el mediador como el área de negociación se desarrollarán fuera de nuestras fronteras.

Cataluña, actor internacional

La fijación del independentismo por la política exterior para internacionalizar el "procés" vuelve a estar sobre la mesa: el documento del acuerdo hace referencia a la "participación directa" de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio. En este sentido, cabe recordar los conflictos que se han ido dando entre Generalitat y Estado por la red de "embajadas" que ha ido abriendo el Govern con el paso de los años.