Más de medio centenar de rebajas de penas a agresores sexuales después, el Gobierno intenta proyectar una actitud reactiva. Sin esperar a la decisión definitiva del Tribunal Supremo, PSOE y Podemos visibilizaron ayer la necesidad de hacer cambios en la Ley del «solo sí es sí». Incorporan así un párrafo adicional a la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para facilitar «la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada», esto es, se busca incentivar una «aplicación correcta» de las modificaciones del Código Penal que se han impulsado en los últimos tiempos, prioritariamente en lo relativo a la norma estrella de Igualdad –pero también a la malversación– y que, en el caso de la Ley de Libertades Sexuales ha provocado una cascada de revisiones a la baja de sentencias.

Sin embargo, en la práctica, esta maniobra no tiene ninguna fuerza normativa y no evitaría que se sigan produciendo rebajas de penas. Fuentes socialistas señalan a este diario que lo que se busca es «dejar clara la intención del legislador» –reconociendo que esto no supone «ningún ajuste» real a la ley– y se emplazan a que el Supremo se pronuncie de manera general, más allá de un caso concreto, para acometer el «ajuste técnico» prometido. «No hay cambios», dicen en el Ejecutivo, donde mantienen que harán modificaciones en la norma si, tras pronunciarse el Alto Tribunal, estas se consideran pertinentes. Por lo pronto, lo que se hace ahora es una mera «llamada de atención a la hora de interpretar la ley. No deja dudas», aseguran.

En el Gobierno siguen manteniendo que «no hacía falta» introducir una disposición transitoria en la Ley del «solo sí es sí» y que lo que buscan ahora es lanzar un «mensaje a los operadores jurídicos» que tienen que aplicarla. Más clarificador se mostró, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que explicó que se trata de «un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí, porque esta ley también permite compatibilizar penas y que no haya rebajas de condenas si entran dentro de la horquilla».

El movimiento de los partidos que conforman la coalición se produce después de una negociación con el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero y que no estaba dispuesta a retocar la norma. Por ahora, consigue su objetivo, pues se limitan a recordar que siguen vigentes las disposiciones que limitan la capacidad de los tribunales para revisar a la baja una condena si puede imponerse también con la nueva ley.

El Ejecutivo intenta así desactivar una polémica que lleva viva ya un mes, con la consiguiente alarma social que ha generado el goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a agresores sexuales. En un principio, el PSOE se abrió a retocar la ley y dotarla de la seguridad jurídica que fuera necesaria para evitar los efectos perversos que estaba generando. Sobre todo, teniendo en cuenta que la vocación de la norma era proteger a las víctimas. Sin embargo, desde Unidas Podemos presentaron una férrea resistencia a tocar el texto y cargaron contra los jueces, a quienes tildaron de «machistas» y «fachas con toga», por hacer una «interpretación reaccionaria» de la ley. Esta estrategia ha sido muy cuestionada internamente en el Gobierno, hasta el punto de dejar a Montero en absoluta soledad.

En Moncloa prefieren esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie y unifique doctrina. El Alto Tribunal hizo una primera aproximación en la revisión de la sentencia del «caso Arandina», en la que avaló las rebajas de penas, al imponer una condena de un año menos del que pedía la Fiscalía porque entendía que había que aplicar la norma más favorable, que es la Ley del «solo sí es sí». Tras este varapalo, que el Gobierno no esperaba, el pasado 6 de diciembre, en los corrillos del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el propio presidente Sánchez se abrió a retocar la norma para cegar la vía de agua que se había abierto. Emplazaba, no obstante, a esperar al pronunciamiento definitivo del Supremo sobre este caso. Esto no ha cambiado.