El Gobierno asume que se «reorienten» las penas de la ley del «solo sí es sí»

Hace dos semanas saltaban las alarmas. Comenzaba un goteo, ya incesante, de rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales al amparo de una –más favorable para el reo– Ley del «solo sí es sí». En un primer impulso y ante la gravedad de la situación, que comenzaba a generar cierta alarma social, varios portavoces del Gobierno avanzaban que se estaba estudiando los fallos judiciales y la norma y se abrían a su revisión, ante la necesidad de cegar las vías de agua por las que se estaban beneficiando los violadores.

Sin embargo, horas después, el presidente del Gobierno cambiaba el criterio, imponía «prudencia» y avanzaba que no se haría nada hasta que la Fiscalía y el Tribunal Supremo (TS) se pronunciasen, unificando doctrina. En ese ejercicio de «aprender a esperar» que había iniciado el Ejecutivo, la Fiscalía dio hace una semana un balón oxígeno con una instrucción en la que se pronunciaba en contra de las rebajas de las penas por delitos sexuales en virtud de la ley estrella de Igualdad. Faltaba el Supremo.

Pero el criterio del Alto Tribunal, en cambio, es distinto al del Ministerio Público y sí ve que con la norma del departamento de Irene Montero puedan producirse rebajas. «Podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así procesa», asegura en la resolución del recurso sobre el «caso Arandina». También advierte de que, efectivamente, se debe analizar caso por caso y no de forma global.

Fuentes gubernamentales reconocen que no esperaban esta decisión. De hecho, en los últimos días habían allanado la vía de que el Supremo se pronunciaría en la misma línea que la Fiscalía, lo que permitiría atenuar la polémica hasta desactivarla. Este nuevo revés resucita la petición de responsabilidades y coloca de nuevo el foco en el Gobierno, tras haberse disipado con los ataques machistas por parte de Vox a Irene Montero en el Congreso. La posición de Moncloa, sin embargo, no se ha movido un milímetro.

Se mantienen las filas prietas y una férrea defensa de la ley. Es más, se admite en privado que se equivocaron al no explicar desde un inicio que la vocación de la ley no era punitiva, sino de preventiva y para aumentar la protección de las víctimas. Se califica, así, como un «error» la campaña iniciada desde Podemos de ataques a los jueces, acusándoles de «interpretación reaccionaria» o de aplicar mal la norma.

El esfuerzo de pedagogía que ayer desplegó la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde la mesa del Consejo de Ministros hace prever que, aunque se asegura que se «analizará la sentencia» del Supremo, en los planes del Gobierno no está retocar la ley. «Se trata de una ley que va más allá de los aspectos punitivos, es una ley protectora de las víctimas», dijo Llop, asumiendo que implica el «cambio de un modelo de política criminal» sobre delitos sexuales, que ahora pivota en torno al consentimiento y no sobre la existencia de violencia o intimidación.

En este sentido, y al centrarse la nueva ley en la clave del consentimiento, eso «obliga a reorientar las penas», reconoció la titular de Justicia. Además, pese a defender que la ley no es meramente punitivista, la titular de Justicia recordó que en la nueva norma se prevén penas «importantes», que antes no se contemplaban y ahora sí, como la inhabilitación de la patria potestad a los agresores sexuales o la agregación de tipos agravados nuevos.

Tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró un ápice de autocrítica tras el fallo del Supremo que rebaja un año la pena de los condenados, por ser más favorable. «Pendientes de la sentencia del TS. Con la Ley solo sí es sí el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley», escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En su día, desde el partido morado consideraban «inaudito» que el Supremo «contradijera su propia jurisprudencia. No contemplamos ese escenario», decían. Ahora, ese escenario se ha materializado y plantea la posibilidad de tener que retocar la ley. Una eventualidad que no está en los planes del Gobierno, que se afana ya en defender sus virtudes.