El Gobierno ha dado un paso al frente con la elección de los dos magistrados que por cuota le toca designar al Tribunal Constitucional sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegue a un acuerdo para designar a su parte (otros dos). La elección deja indiferente a pocos en el mundo de la judicatura. Se trata de dos perfiles muy políticos: Laura Díez, catedrática en Derecho Constitucional y exalto cargo de La Moncloa, y Juan Carlos Campo, exministro de Justicia. Especialmente este último nombre trae al recuerdo lo sucedido con la ministra del ramo antecesora de Campo, Dolores Delgado, que terminó sin solución de continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado. Delgado se ganó la crítica permanente de la oposición por su pasado político, lo que anticipa qué posición va a tener la parte más conservadora de la carrera judicial ante estos nuevos nombramientos.

Juan Carlos Campo

Campo (Sevilla, 1961) ha pasado buena parte de su carrera en puestos políticos comenzando por la Junta de Andalucía hasta llegar a Madrid donde sus continuos ascensos terminaron en la cúspide del Ministerio. Un cargo que cogió con entusiasmo y con promesas de solucionar muchos de los problemas que era consciente que existían en los juzgados. Se puso como bandera dar un giro de 180 grados a la carrera para que los fiscales lideraran la investigación como sucede en la mayoría de países europeos. Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que transformaba por completo la instrucción nunca llegó a llevarse ni siquiera al Consejo de Ministros y Juan Carlos Campo quedó para el recuerdo como el ministro que firmó los indultos del procés.

Ha sido director general de relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001), secretario de Estado de Justicia (2009-2011), secretario general de relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía (2014-2015) y diputado por Cádiz (2016 a 2020).

Campo fue también vocal del CGPJ entre 2001 y 2008 y allí coincidió con Enrique López con quien a la postre trataría de negociar precisamente la renovación de este órgano sin ningún éxito. Estando al frente de Justicia concursó a una plaza a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, despacho al que se tuvo que mudar cuando el presidente Pedro Sánchez ejecutó una crisis de Gobierno y lo fulminó poco más de un año después de haber llegado. Desde enero de 2020, que sucedió a Delgado, hasta julio de 2021 se encargó de desarrollar las leyes de eficiencia de Justicia e intentar impulsar la digitalización. Ahora, de vuelta a su puesto de magistrado, Campo solo ha dictado cinco sentencias (según el Cendoj) porque debe abstenerse en muchas de las deliberaciones que lindan con decisiones del Ejecutivo o afectan a miembros del mismo.

Su carrera política siempre ha estado vinculada al PSOE. Su actual pareja, Mertixell Batet, es la presidenta del Congreso de los Diputados con quien se le ha visto veranear en Zahara de los Atunes. El mismo Gobierno que lo dio por amortizado cuando sacó de la cárcel a los independentistas logra ahora un “pago” en especie con este asiento en el órgano donde podrá estar los próximos cinco años.

Laura Díez Bueso

Díez Bueso es catedrática de Derecho Penal y desde mayo es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, elegida miembro a propuesta del Parlamento. Ha estado muy ligada al Gobierno de Sánchez y, particularmente, a los ministros de la Presidencia, primero a Carmen Calvo y luego a Félix Bolaños. Entre 2018 y 2020 fue directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia y, entre 2020 y 2022, directora general de Asuntos Constitucional y Coordinación Jurídica del mismo departamento.

Su trayectoria ha pasado también por la universidad donde ha sido directora del departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho durante dos años y directora de varios másteres.