El Congreso aprueba el impuesto a la banca, energéticas y grandes patrimonios

El nuevo impuesto a la banca, energéticas y grandes patrimonios ha logrado la luz verde del Congreso y, ahora queda a la espera del plácet del Senado para que entre en vigor. La proposición de ley ha recibido el apoyo de 186 diputados, mientras que 152 diputados han votado en contra, aunque su tramitación y aprobación final ha quedado envuelta por la polémica porque se han esquivado los informes de los órganos consultivos, ha ido por la vía rápida y el tributo a los “ricos” se ha colado por la puerta de atrás con una enmienda.

En este sentido, el portavoz de Podemos, Txema Guijarro, ha reivindicado la “vía exprés” empleada para aprobar los tres gravámenes porque “llegan años tarde”. “Mi grupo parlamentario tenía prisa”, ha señalado, después de que Podemos intentara impulsar un impuesto a las grandes fortunas en solitario en junio y se diera de bruces con el rechazo del PSOE. El portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha reivindicado la “responsabilidad” de los gravámenes y ha acusado al PP de “votar en contra de los intereses de la ciudadanía”. En este sentido, también ha recordado que se cumplen ahora diez años del rescate bancario y considera que es momento de que la “banca contribuya a la sociedad” y ha defendido que estos impuestos son el “símbolo de la política económica” del Gobierno: “Lo público por encima de los intereses privados, los grandes ayudando a los pequeños”.

El diputado del PP, Gabriel Elorriaga, ha sido muy contundente en su rechazo a la proposición de ley por la “espantosa” tramitación que ha seguido porque, además de prescindir de los informes de órganos consultivos y no aportar “documentos” que determinen con transparencia cuánto recaudará ni si los sectores gravados están obteniendo “beneficios extraordinarios”, se ha aprobado después de los presupuestos (que contemplan este impuesto en la previsión de ingresos). Asimismo, Elorriaga señalado que los tres gravámenes tienen tres cosas en común: “atacan” el ahorro y la inversión (ha recordado el fiasco con las subastas de renovables, que no se han cubierto), creando un problema “reputacional”; “atacan” la autonomía financiera de las autonomías al “superponer” el impuesto a los “ricos” al impuesto de Patrimonio; y, queda fuera de “cualquier consenso europeo”.

El diputado del PP, igual que Edmundo Bal (Ciudadanos), ha advertido de que probablemente el impuesto sea “anulado” por los tribunales porque “probablemente sea inconstitucional”.

Los impuestos

El impuesto gravará con un 1,2% los ingresos de las compañías energéticas, con lo que se aspira a recaudar 1.500 millones de euros anuales, y un 4,8% a las comisiones e intereses bancarios cobrados a los clientes, con lo que se espera recaudar 2.000 millones de euros anuales. El impuesto a los “ricos”, que prevé una recaudación de 1.500 millones de euros anuales, gravará la riqueza neta superior a tres millones euros con tres tramos diferentes: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.