Se cumplen ahora ocho años de aquel 9 de Noviembre de 2014, fecha del primer referéndum ilegal en Cataluña bajo la égida de Artur Mas. Y desde entonces, todo ha ido en contra del expresidente de la Generalitat, incluido su periodo de inhabilitación. Durante este tiempo, la sombra de la corrupción ha perseguido a Artur Mas i Gavarró hasta el último mazazo: la Fiscalía Anticorrupción acusa a 30 políticos y empresarios catalanes de organización criminal por amañar contratos, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el entramado de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, cuyas sanciones hereda también el PDeCAT. Pero el golpe más duro para el expresidente es la petición de la pena de 18 años y 10 meses de cárcel para quien fue su mano derecha en el Govern y en CDC, Germá Gordó, ex secretario de Gobierno, exconsejero de Justicia y hombre clave en el control de las finanzas del partido convergente. En un durísimo escrito, el Fiscal asegura que Gordó controlaba todas las licitaciones públicas bajo la esfera de poder de ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes de la Generalitat.

Según el Ministerio Público, Germá Gordó era el auténtico cabecilla de una ingente trama corrupta que sobrevuela como un látigo por la extinta Convergencia, la familia Pujol y ahora sobre Artur Mas y su estrecho colaborador en los años de su mandato. También acusa el Fiscal a otro hombre de su máxima confianza, el que fuera tesorero de CDC, Andreu Viloca Serrano, para quien pide la pena más alta, 21 años de prisión. Su misión era, según el escrito remitido a la Audiencia Nacional, identificar a empresas conniventes con la corrupción y amañar concursos públicos. Un potente entramado que en su día denunció el expresidente socialista Pasqual Maragall durante aquel debate en el Parlament de Cataluña donde pronunció su famosa frase: «Su problema es el tres por ciento», le espetó a Mas abriendo la caja de los truenos sobre las comisiones y financiación irregular de Convergencia. Una alargada sombra de corrupción que no ha dejado de aflorar y que ahora salpica a Artur Mas, sus hombres de confianza, empresarios ligados a CDC y reclama multas al actual PDeCAT.

Por los corrillos políticos y empresariales circula la sospecha de que si Gordó y Viloca hablan, Mas quedará muy tocado. Las acusaciones de Anticorrupción abarcan toda su etapa y será difícil, según estas fuentes, que salga indemne. Por el momento, guarda silencio, pero en su entorno admiten que se encuentra preocupado y enrabietado. Un estado de ánimo que le invade tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que ordenó sacar a subasta todos sus bienes si no abonaba los casi tres millones de euros pendientes por la consulta ilegal del 9-N. Refugiado en el victimismo nacionalista para ocultar la corrupción de su antiguo partido, asegura que los tribunales españoles «persiguen la muerte civil y política» de los dirigentes soberanistas y recibió como un mazazo la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos interpuestos por todos los ex altos cargos del Govern bajo su mandato y confirmar la condena contable por el 9-N. El depósito de la Asamblea Nacional de Cataluña, gracias a una colecta independentista, solamente ha cubierto el 60 por ciento del dinero reclamado.

Mas tiene embargado su piso de 300 metros cuadrados en la calle Tusset de Barcelona, donde siempre ha vivido con su familia, ya que nunca utilizó la residencia oficial en el Palau de la Generalitat, y presenta un aspecto envejecido, con canas y barba blanca. La casa que posee en Menorca la puso a nombre de uno de sus hijos. En la isla balear pasa los veranos y aquí se casó su hija Patricia, que le ha hecho abuelo. Mucho tiempo ha pasado desde la noche del 25 de noviembre de 2012, cuando la todopoderosa Federación Nacionalista de CiU perdía 12 diputados en las elecciones autonómicas. Un fracaso en toda regla tras lo cual Artur Mas, bajo una fuerte depresión, intentó tirar la toalla. Pero arengado por sus dos ideólogos de cabecera, Francesc Homs y David Madí, decidió pasar a la historia como el mártir soberanista de Cataluña. Aquel día, el joven a quien siempre llamaban Arturo, como sus padres le habían inscrito en el Registro Civil de Barcelona, nacido en una elitista familia textil de Sabadell y metalúrgica del Pueblo Nuevo, educado en el Liceo Francés y en el Aula Escuela Europea, trastocó su hoja de ruta. Abanderó el soberanismo y vino a Madrid para poner en un brete a Mariano Rajoy.

La jugada le salió mal y Mas inició un camino sin retorno que destrozó a su partido y llevó a Cataluña al enfrentamiento. Con Mas empieza todo y con él, venido a menos, el separatismo arrecia con fuerza. Su padre, Artur Mas Barnet, le introdujo en el círculo empresarial de Lluis Prenafeta, hombre de confianza de Jordi Pujol, quien le inició en la política. Así trabó amistad con la influyente matriarca, Marta Ferrusola, y el delfín, Oriol Pujol. De su mano ascendió peldaños vertiginosos hasta convertirse en «el hereu», una vez imputado Oriol por el escándalo de las ITV. Arturito, como cariñosamente le llamaba Ferrusola, fue siempre un segundón, el chico de los recados, un político superficial teledirigido primero por los Pujol, y después, por Francesc Homs y David Madí. Un líder fracasado a quien los veteranos de CiU nunca le perdonarán. Hace tiempo planeó iniciar una nueva vida en Estados Unidos, en Chicago trabaja uno de sus hijos y tuvo la oferta de un empresario catalán vinculado a CDC. Pero finalmente, bajo el cerco judicial de su inhabilitación, ahora ya terminada, se mantuvo en Cataluña. En el plano personal se refugia en la casa de Fornells con su mujer Helena y las nietas de su hija Patricia. En el político, su legado ha sido penoso bajo la dura sombra de la corrupción. Un golpe en toda regla para Artur Mas, el hombre que tuvo todo, lo dilapidó sin remedio y es hoy el vivo retrato de la decadencia.