. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen albanés que se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular hacia Reino Unido. Las víctimas, algunos menores de edad, viajaban como polizones en buques llegando a pagar entre 3.000 y 15.000 euros al grupo criminal para su desplazamiento al país británico.

Las investigaciones se iniciaron al tenerse conocimiento de una red criminal dedicada a introducir migrantes de nacionalidad albanesa de forma clandestina en el país británico desde 2014. El Grupo de Información de la Comandancia de Vizcaya, junto a la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE3), el Grupo de Acción Rápida y la NCA británica, han logrado detener a siete ciudadanos e investigar a otro más, que conformaban esta organización criminal transnacional.

Como primera vía, trasladaban a los inmigrantes a través de ferris y buques a Reino Unido partiendo de los puertos de Bilbao y Santander. El grupo llegó a ampliar su zona de influencia, llegando a dirigir su actuación a otros países europeos a través de la conocida “Ruta de los Balcanes”.

Lo lideraban dos “dinamizadores” que permanecían en España no más de tres meses y regresaban a su país natal donde hacían gala de un ostentoso nivel de vida incompatible con su actividad laboral.

Para evitar el riesgo de una nueva salida de España, las detenciones de estos cabecillas tuvieron que precipitarse, dando lugar a un seguimiento que se inició en Vizzcaya y que culminó con la detención de ambos cuando procedían a embarcarrumbo a Albania en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas.

El entramado seleccionaba a las víctimas en su país de origen, así como en los campamentos situados en los alrededores de los recintos portuarios; les facilitaban alojamiento y manutención hasta que conseguían con éxito su ocultación como polizones y su llegada a Reino Unido.

Para ello, se valían de otros ciudadanos albaneses afincados en la provincia deVizcaya, que apoyaban a la organización en diversas labores de infraestructura, necesarias para las operativas.

Los métodos de ocultación utilizados suponían un riesgo para la vida o integridad física del inmigrante, algunos de ellos menores de edad. Los beneficios económicos que conseguía la organización por cada víctima oscilaban entre los 3.000 a 15.000€.

En la explotación de la operación se han realizado tres registros domiciliarios; se han incautado numerosos dispositivos telefónicos e informáticos, tarjetas bancarias o tarjetas de remesadoras de dinero.

También se intervinieron varios documentos de identidad y pasaportes de distintas nacionalidades que utilizaba para dificultar la posible trazabilidad en el envío y recepción del dinero obtenido.