Es una de las tres únicas magistradas que integran el Tribunal Constitucional y considera que la paridad «debería haber llegado hace tiempo» a la institución. María Luisa Balaguer (Almería, 1953) asegura que le encantaría presidir el TC, pero precisa que no piensa pedir el voto a nadie. Catedrática de Derecho Constitucional, previene del riesgo de politización del tribunal: «Tenemos que estar completamente al margen de planteamientos políticos».

Carlos Lesmes se refirió al «estropicio» causado en la cúpula judicial por la imposibilidad legal del CGPJ de hacer nombramientos. Esa reforma fue recurrida por PP y Vox. De hecho, usted es una de las ponentes. ¿Debería haberse pronunciado ya el TC sobre su constitucionalidad?

El problema es que cuando entra un expediente hay que tramitarlo. Dentro de ese trámite hay que hacer un borrador y revisar toda la jurisprudencia previa. Hay que repartirlo a los magistrados y magistradas que no son el ponente. Esto no es una cosa que se pueda improvisar.

Los recursos se admitieron a trámite hace un año y se presentaron hace ya casi año y medio.

Bueno, un año no es mucho para la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad. Un conflicto de competencias sí es un procedimiento relativamente más fácil.

¿Y hay alguna previsión de llevar la ponencia al Pleno?

No, de momento no se sabe que esté previsto que vaya en el orden del día en los próximos plenos ni de una manera inmediata.

¿La situación que vive el Supremo tampoco apremia?

El TC tiene una función de defensa de la Constitución, tiene que estar alejado de la línea política y debe intentar ser lo más ecuánime en relación con las posiciones tanto del Gobierno como de la oposición y ser respetuoso también con las leyes que el Congreso aprueba. Se trata de una ley que aprobó el Congreso y el tribunal tiene la carga de la prueba, por decirlo así, de ver si existen preceptos inconstitucionales y fundamentarlos. Tenemos que estar completamente al margen de planteamientos políticos.

Desde el sector conservador del CGPJ se reprocha al TC una falta de lealtad institucional, de empatía, ante la situación que vive.

No tenemos la posibilidad de ser empáticos todas las veces. Tenemos que ser justos y objetivos, eso sí, y sobre todo defender la Constitución, como lo hemos hecho en otros conflictos como el conflicto catalán o cualquier otro que anteriormente haya podido tener el tribunal.

Como jurista e integrante de uno de los pilares del Estado ¿qué impresión le produce que el CGPJ lleve casi cuatro años en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP?

Yo no puedo hacer un juicio político. Tengo mi opinión, pero no puedo hacerla explícita.

Aunque tratándose de plazos, los doce años que lleva el TC para pronunciarse sobre la reforma del aborto resultan especialmente lacerantes.

Bueno, la persona que ha llevado esa ponencia y que ha estado nueve años formando parte del tribunal hizo en su día unas declaraciones al respecto y yo como compañero que es no tengo más remedio que respetarlas. Lo importante es que vaya cuanto antes.

En todo caso es una situación que quizá contribuya a alejar aún más al TC de la calle, porque quizá el ciudadano no entiende cómo se puede tardar tanto tiempo.

Eso formaría parte de una opinión que no sería correcto que la diera. Yo procuro resolver mis asuntos con celeridad, eso sí.

La reñida declaración parcial de inconstitucionalidad de los dos estados de alarmas, ¿dejó alguna secuela en el tribunal?

A ver, si usted intenta que haga juicios políticos o de valor, acerca de compañeros o de instituciones, le adelanto que...

Simplemente se lo digo porque fue un asunto de mucha trascendencia que resultó muy reñido...

Por supuesto, ¿cómo no iba a ser reñido? Está clarísimo, si salió por un voto de diferencia. Naturalmente yo en el voto particular expresé claramente mi disidencia, que era una cuestión puramente técnica, que se basaba en que la ponencia creía que se había afectado el contenido esencial de un derecho mientras yo defendía, y sigo defendiendo, que no se trataba de un tema de contenido esencial sino de proporcionalidad de las medidas.

La renovación del TC obligará a elegir a otro presidente. Usted se ha postulado para el puesto.

No me he postulado, aunque comprendo que la información se ha tratado así. Cándido Conde-Pumpido está perfectamente situado y si es el caso yo lo votaré, porque me identifico con él en bastantes posiciones y, sobre todo, he aprendido muchísimo de él porque es un magistrado excelente, de los mejores que aquí hay. Me encantaría presidir el tribunal, a todos nos gustaría tener ese honor. Si la mayoría del tribunal me vota, por supuesto, pero no me voy a postular en absoluto ni voy a presentar una candidatura ni voy a pedir el voto a nadie.

¿Qué cree que puede aportar a la institución?

La política informativa es deficiente y creo que algunas instituciones, desde luego ésta que a mí me incumbe, están excesivamente cerradas a la ciudadanía. La sociedad tiene que entender lo que nosotros estamos haciendo. Si nos hemos pronunciado en una sentencia y no somos capaces de explicar a la ciudadanía lo que decimos... La sociedad funciona de una manera dinámica y tenemos que adaptarnos.

¿Qué se puede hacer para acortar esa distancia?

Desde que vine aquí planteé lo que era una necesidad: que cuando haya una sentencia de una cierta importancia, el presidente y el ponente convocasen una rueda de prensa y se la explicasen a los periodistas admitiendo preguntas. Eso me parece muy importante.

Hablaba antes de la respuesta del tribunal al desafío soberanista. Vistas las consecuencias políticas, judiciales y sociales del «procés», ¿cree que la sentencia del Estatut fue un error?

Como yo no formaba parte del tribunal entonces, sí que puedo decir que quizás yo no habría hecho esa sentencia. Creo que había un margen en el tema competencial que no se contempló. Si compara el contenido del Estatuto de Andalucía con el de Cataluña –con el borrador, me refiero–, creo que había bastantes paralelismos; sin embargo, no se recurrió salvo en un aspecto concreto y el tribunal no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre eso. Al final lo que irrita un poco a Cataluña es que se fuerce esa interpretación y que ellos entendían que después de que un pueblo vote un estatuto no es razonable que se desautorice.

En los más de 40 años de vida de la institución, solo uno de los once presidentes ha sido una mujer. ¿Es necesario que la paridad llegue al TC?

Sí. Lo usual ha sido que haya solo una magistrada. Desde luego que debería llegar ya la paridad, debería haber llegado hace tiempo. Es muy importante la perspectiva de una mujer en un tribunal.

¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta el TC? ¿Quizá esa apariencia de politización?

Ahora mismo sí. Las instituciones sufren mucho estrés por la polarización ideológica en la sociedad, que acaba haciendo que se intente aquí calificar a personas de conservadoras o progresistas cuando hay sentencias que salen por unanimidad y ahí no se vislumbra ese sesgo.

Pero en todo caso es un riesgo que hay que tratar de evitar.

Yo no he sido nunca cuestionada desde el punto de vista ideológico porque ya en el Senado expliqué mi currículum y mi ideología. He asumido que soy un poco la nota discordante del tribunal; lo llevo bien. No considero que porque se diga que soy extremista ideológicamente o progresista... A mí me parece que dentro de la Constitución es asumible todo.

¿Cómo cree que percibe la calle la institución?

Cuando todavía me dedicaba a dar clases los alumnos veían lejísimos de su vida práctica, no el tribunal sino todas las instituciones, la política en general. Y esto tiene mucho que ver con la polarización política y con la desidia de participación política en la ciudadanía. Soy una mujer de la Transición y entonces teníamos una avidez tremenda de manifestarnos, de participación política. La polarización no llevaba nunca al enfrentamiento. Ahora ese diálogo se acalla y queda sepultado en un sí o un no y los mensajes de odio inundan las redes sociales.

¿Qué es lo que más le gustaría cambiar del tribunal?

La política comunicativa y poder conectar con la sociedad. Estamos haciendo sentencias y muchas veces no sabemos si la gente entiende que estamos defendiendo la Constitución o prorrogando esa lucha política por otra vía. Y eso sí que dañaría mucho a la sociedad, que tiene que tener confianza en la Justicia.

Confirmada la condena de prisión a José Antonio Griñán, ¿puede el TC paralizar la ejecución aunque la pena es superior a cinco años de prisión?

Hay jurisprudencia de todo tipo. Hasta que no entre el recurso y conozcamos las causas... La sentencia tiene 1.208 páginas. Estoy desde ayer (miércoles pasado) intentando ver si empiezo por el final o por el principio, porque igual estoy en la página 600, en los hechos probados, y todavía no he llegado... Pero a esta hora todavía no lo he resuelto (ironiza).