Fracaso de Podemos: la venta de armas se mantiene en máximos

El área de Defensa se ha convertido en una de las principales de fuentes de división e inestabilidad en el Gobierno de coalición. La OTAN y las armas son dos de los asuntos más espinosos que enfrenta el ejecutivo formado por PSOE y Podemos desde su nacimiento, pero ante los que los morados han tenido que cerrar los ojos, como precio a pagar para mantenerse en Moncloa, conscientes de que son la fuerza minoritaria y que no tienen poder para cambiar los acuerdos de Estado. Si con la OTAN han sido incapaces de imponer sus posicionamientos más allá de generar ruido, también han fracasado estrepitosamente en el ámbito de la venta de armas al exterior ya que, bajo el Gobierno de coalición, está en niveles máximos.

Así, según los informes sobre Exportaciones de material de Defensa que semestralmente envía la secretaría de Estado de Comercio al Congreso, en los dos últimos años de Gobierno de coalición, las cifras de exportaciones de armas se han mantenido en máximos y, sobre todo, se ha batido un récord de autorizaciones (el trámite previo a la venta, cuando el Gobierno da el visto bueno para exportar, pero todavía no se han materializado). Hay que recordar que la venta de armas al exterior requiere de la aprobación del Gobierno a través de una junta interministerial en la que están presentes Exteriores, Hacienda, Industria, Presidencia y Defensa.

España ha escalado en los últimos años en el “top 10″ de países más exportadores de armas y parece que la industria de Defensa, un sector económico importante que da empleo a cerca de 300.000 personas (entre puestos de trabajo directos e indirectos), sigue al alza en nuestro país pese a la presencia de Podemos en el Gobierno y su rechazo. En los dos últimos años, las exportaciones se mantuvieron por encima de los 3.000 millones de euros pese a la pandemia (en 2020, 3.622 millones; y, en 2021, 3.290 millones), mientras que las autorizaciones batieron un récord en 2020 (26.551 millones) y tampoco se quedaron cortas en 2021 (14.580 millones, la tercera mayor cifra de la serie histórica).

Llama la atención, sobre todo, la cifra de autorizaciones de 2020, que fue superior a la suma del 2018 y 2019. El anterior récord es de 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy, donde la cifra se quedó en 21.084 millones. La totalidad de 2020 se debe, según el informe entregado al Congreso, a la aprobación de seis licencias globales de proyecto a Alemania, seis a Francia, cinco al Reino Unido, una a Bélgica, una a Luxemburgo, además de una licencia individual a los Países Bajos, por un valor total de 19.400 millones de euros, para la fabricación de aeronaves militares con sus componentes y equipos.

No obstante, y a pesar de que la gran mayoría de las ventas van destinadas a países que integran la Unión Europea y la OTAN (ronda el 75%) como Francia, Alemania o Reino Unido, también aparecen algunos estados que arrastran una gran polémica: el mayor exponente es Arabia Saudí, quien en 2021 ha doblado la compra de armas (pasando de 48 millones en 2020 a 109 millones de euros) mientras sigue en conflicto con Yemen.

En cualquier caso, Podemos, en materia de Defensa, ha ido encadenando “trágalas”: el último y más reciente fue el aumento de gasto en Defensa -tras la aportación de armas a Ucrania- con un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, que los socialistas presentaron en la comisión de subsecretarios y secretarios de estado –donde se organizan y deciden los temas que van al Consejo de Ministros-. Entonces, los de Ione Belarra cargaron por no conocer dicho acuerdo, que sin embargo había sido trasladado en esa reunión a través de documentos que fueron aprobados por ambas partes.

El envío de armas a Ucrania para apoyar a la población civil también ha sido uno de los últimos conflictos que ha dividido a los socios de Gobierno y que también acabó en cisma dentro de Unidas Podemos por el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz a la decisión de Sánchez de apoyar armamentísticamente a Ucrania, ante el rechazo de la ministra Ione Belarra. Aunque en Unidas Podemos, esta divergencia ya se da por zanjada, no ocurre lo mismo en Moncloa, donde ambos partidos tienen pendientes una reunión ante lo que en Podemos consideran incumplimiento del acuerdo de gobierno. Volverá en esta recta final de la legislatura a ser un motivo de fricción entre PSOE y Unidas Podemos, aunque en la dirección estatal morada ya asumen que deberán asumir “también” -precisan estas fuentes- esta “jugada” de los socialistas.

La posición de los morados es aumentar la inversión social si se produce la inversión en gasto militar –comprometida ante la OTAN de subir al 2 por ciento el presupuesto destinado a Defensa- y ésta será una de las piedras angulares de la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que se iniciará de inmediato en este nuevo curso político y que serán las últimas cuentas públicas del gobierno de coalición. Será la última oportunidad de los morados para demostrar su influencia en el Gobierno. Unidas Podemos repite como mantra su rechazo a las armas. A su juicio, “nuestro país no necesita comprar bombas y aviones de combate”. Abogan por una desescalada del conflicto militar en Ucrania. De la misma manera, los morados también se han mostrado contrarios al acuerdo de Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden de ampliar el número de destructores en la base de Rota.

Unidas Podemos ha defendido históricamente endurecer el reglamento de comercio exterior de armamento, controles y mecanismos de verificación sobre el uso de armas. De hecho, hace dos años, Unidas Podemos trató de que el Congreso de los Diputados suspendiese la venta de armas a Arabia Saudí. Los votos de PSOE PP y Cs frustraron su intento, a cambio de reforzar los controles del material exportado a otros países para garantizar que no se utiliza vulnerando los derechos humanos ni la legislación internacional. En el programa electoral de Podemos para las últimas elecciones europeas ya dejaron claro este extremo. Prometían, la prohibición “del comercio de armas empleadas para la violación de derechos humanos”.

Ya en 2018, tuvieron que hacer frente a otra contradicción: el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, tuvo que agachar la cabeza y asumir el contrato de Navantia con Arabia Saudí para dar trabajo a los astilleros de Cádiz.