Los Presupuestos, la última baza de Podemos para medir su influencia

Serán los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de esta legislatura. Una negociación que arrancará formalmente en el mes de septiembre y que se atisba, de nuevo, como uno de los escenarios que tensarán a PSOE y Unidas Podemos. Se trata del último examen del Gobierno de coalición antes de las elecciones generales para diciembre de 2023 y ambos partidos trabajan ya para obtener las cuentas más sociales de la historia en un contexto de crisis económica y energética. Del resultado y del apoyo parlamentario –solo cuentan con 153 escaños y necesitan 176– depende, en buena medida, la calidad de la carta de presentación que ofrecer por parte de ambos partidos de izquierda de cara a la campaña electoral.

Desde la formación del Ejecutivo de coalición, Moncloa ha aprobado dos Cuentas Públicas, y todas se han saldado con la foto de la negociación in extremis entre ambas partes negociadoras y con acuerdos fuera de los Presupuestos para salvar la ley más importante del Gobierno. En 2020, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias vinculó a este acuerdo la Ley de Vivienda y a la agilización del Ingreso Mínimo Vital –a pesar de que posteriormente no se cumpliera el pacto por parte de los socialistas en materia de vivienda– y en 2021, los morados exigieron ya sí como condición inamovible, que la regulación del mercado del alquiler incluyera un mecanismo de reducción por ley de los precios para los propietarios de más de diez inmuebles. Será en el nuevo curso político cuando la Ley de Vivienda pase su vista final en el Congreso de los Diputados, con dos años de retraso.

Así, los morados, conscientes de que sus propuestas de máximas no se han materializado en el tiempo esperado, se preparan para una nueva batalla en el Ejecutivo en la que desde los ministerios morados aseguran que no cederán ni un milímetro en sus propuestas con la vista puesta en la necesaria obtención de réditos tangibles a su electorado potencial. En el plano político, las cuentas públicas son el mejor foco para demostrar su influencia en el PSOE, junto al acuerdo de coalición firmado en 2020, al no contar con competencias reales en los ministerios desgajados que dirigen –a excepción de Trabajo–. Desde la dirección morada defienden que solo unos presupuestos con inversión social en materia de Educación y Sanidad frente al aumento en gasto militar pueden servir como «muro de contención ante una derecha al alza en las próximas elecciones». Es decir, fían a los presupuestos la posibilidad de mantenerse en Moncloa. «Será la prueba del algodón», es una de las consignas que con más ahínco repite la propia líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que exige a su socio en el Gobierno «valentía» y confirmar ese «giro a la izquierda», que según los morados se evidenció en el debate del estado de la nación, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció el impuesto a la banca y a las eléctricas. Cuentan con el aval de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que –de manera paralela a los PGE– se encontrará culminando su proyecto de escucha para el que necesita también logros materiales que presentar ante la ciudadanía. Es por ello que la vicepresidenta confía en su hombre fuerte en el ministerio para la negociación con Hacienda, su director de gabinete, Josep Vendrell. Por parte de Podemos, los de Belarra confían en el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que se encargará de fijar las líneas maestras en materia de fiscalidad y para reformar la protección familiar.

Si bien Unidas Podemos confía en los compromisos fiscales del presidente, exigirán como condición indispensable para una negociación fructífera una reforma fiscal en la que se incluyan cambios en el impuesto de sociedades y en los tributos que gravan a las grandes fortunas y patrimonios.

No será la única línea roja de los morados, los cuáles quieren aprovechar a incluir algunas de sus propuestas estrella y altamente reclamadas a lo largo de toda la legislatura, como un cheque bebé universal de 100 euros y el impulso de la ley de familias y los permisos de maternidad de seis meses, –ambas propuestas fueron rechazadas por los socialistas en las últimas cuentas públicas–, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados, que continúa bloqueada. El aumento en inversión en materia de dependencia es una de las reclamaciones más antiguas de los morados. El exvicepresidente Iglesias logró la primera piedra angular al ascender la cuantía a 800 millones, pero su sucesora Ione Belarra busca doblar la cifra. Otra de las reclamaciones es la de reducir el IVA de los productos de higiene femenina al cuatro por ciento, y aunque se encuentra firmado por los socialistas, de momento, tumban la propuesta.

Las exigencias moradas son ya viejas propuestas que hasta ahora no han arrancado a sus socios, pero en la dirección creen que éste será el momento para recibir el «ok» como contrapartida al aumento en presupuesto para Defensa, que los socios rechazan y que centralizó la última de las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno. Esperan en Podemos el mismo montante económico en partidas de gasto social para superar la negociación.