Pujol Ferrusola pide desbloquear una cuenta para pagar a Hacienda y el juez le recuerda que no hay saldo suficiente

Tras conseguir que la Audiencia Nacional le permitiese retirar mensualmente de sus cuentas bloqueadas una cantidad equivalente al salario mínimo para su subsistencia, Jordi Pujol Ferrusola ha instando al juez Santiago Pedraz a que autorice el desbloqueo de una de esas cuentas para saldar una deuda con Hacienda de 385.524 euros por el IRPF de 2018 (el plazo para el pago voluntario expira el próximo día 20). Pero el magistrado le ha precisado que designe otro depósito bancario porque en esa cuenta no tiene fondos suficientes para pagar ese importe.

De hecho, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en esa cuenta a nombre de una de sus empresas, Active Traslation, solo quedaban a 1 de diciembre del pasado año 65.341,69 euros, una cantidad que se ha visto reducida posteriormente por la asignación de ese salario mínimo y el pago de diversos impuestos.

La Fiscalía reparó además en que el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol -para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos fiscales, asociación ilícita y blanqueo por su supuesta participación en la ocultación y gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra- había presentado a la Agencia Tributaria un aval bancario “evitando con ello realizar los ingresos” adeudados, razón por la cual el juez Pedraz reclama a su defensa que aporte toda la documentación relativa a ese aval antes de decidir si autoriza el desbloqueo bancario para hacer frente a esa deuda tributaria.

Su situación procesal “impide el ritmo de gastos”

La preocupación del instructor y de la fiscal de Anticorrupción Belén Suárez por la merma en las cantidades embargadas a Pujol Ferrusola por orden del juez José de la Mata en octubre de 2015 para hacer frente a posibles responsabilidades civiles es notoria. Pedraz llegó a autorizar la subasta de los coches de lujo de Jordi Pujol Jr. -valorada en 2,6 millones de euros- para incorporar las cantidades obtenidas al embargo judicial.

Sin embargo, Pujol Ferrusola solicitó a la Audiencia Nacional en julio del pasado año que dejara sin efecto la medida -que él mismo había solicitado para frenar la pérdida de valor de los automóviles- porque en su opinión podría resultar “desproporcionada” pues acarrearía un altísimo incremento patrimonial que dispararía su IRPF, unos pagos que deberían ser abonados con sus cuentas embargadas, reduciendo aún más ese montante. Pedraz paralizó finalmente la subasta en septiembre de 2021, pese a que la Fiscalía considera que la defensa del primogénito de los Pujol no justificó que la venta de los coches de lujo perjudicara las cantidades consignadas judicialmente.

De hecho, la Fiscalía ya alertó el pasado marzo -haciendo suyos los argumentos expuestos por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto de enero de 2014- que la “actual situación procesal” de Pujol Ferrusola “impide el ritmo de gastos en detrimento de los haberes ya intervenidos” destinados -recordaba- a garantizar eventuales responsabilidades civiles.

El juez no autoriza el pago del impuesto de los vehículos

Esa preocupación por la progresiva merma de esos fondos embargados ha quedado de manifiesto de nuevo el pasado 26 de mayo, cuando el instructor se negó a desbloquear una de las cuentas -como pretendía la defensa de Pujol Ferrusola, que ejerce el letrado Cristóbal Martell- para pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2022 de sus 17 coches de lujo, entre los que figuran tres Ferrari, dos Porsche, otros tantos Lamborghini, dos Mercedes, un Jaguar y un Lotus. Pedraz instó a Jordi Pujol “Junior” a abonar esos recibos “con las cantidades de las que dispone mensualmente” para evitar que las cuentas embargadas hace siete años sufran “un a detrimento”.

Pero para la defensa de Pujol Ferrusola, la cantidad equivalente al salario mínimo que el juez autorizó entregarle mensualmente desde el pasado marzo se destina a su “subsistencia básica” (su defensa se quejó de que debía recurrir a la ayuda de familiares para el día a día) y “no puede entenderse vinculada dicha percepción mensual al pago de tributos y cuotas de comunidad de propietarios”. Tras la negativa del juez, el abogado de Jordi Pujol Jr. recurrió esa decisión, instando a Pedraz a revocarla para permitirle hacer frente a esos recibos, algo a lo que se ha negado el instructor en una resolución del pasado martes a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El magistrado argumenta, haciendo suyo el criterio de la Fiscalía, que de las cuentas embargadas no solo ha salido el dinero para abonar los costes del impuesto de vehículos de esos 17 coches de alta gama, sino también -respecto de algunos de ellos- para pagar “el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono”. Un gasto que, se queja, supone “una merma de los fondos embargados” teniendo en cuenta que, de haberse subastado, se habrían obtenido “fondos con los que salvaguardar el patrimonio”. Sobre todo, subraya, cuando “en alguna de las cuentas ya no hay fondos suficientes con los que hacer frente a deudas tributarias y sus correspondientes sanciones”.

Fianza de 7,5 millones

En junio del pasado año, Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos (para quienes la Fiscalía pide penas de ocho a 29 años de prisión) por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política en Cataluña.

El magistrado impuso además a Jordi Pujol Ferrusola una fianza de 7,5 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Una fianza a la que hizo frente con 3,8 millones de una cuenta bancaria que ya había sido embargada en 2015), con su colección de coches de lujo y con un piso en uno de los distritos más caros de Barcelona.

Según la Fiscalía, el ex president Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años». Anticorrupción atribuye al primogénito una labor capital en la gestión de ese patrimonio y en el reparto entre sus hermanos de esas supuestas mordidas.