La veintena de los individuos del independentismo catalán que fueron investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a los que se ha referido la directora de este organismo en su comparecencia en el Congreso, forman parte de la colaboración que, con acuerdo y bajo la dirección de un juez de la Audiencia Nacional, prestó a la Guardia Civil, según han informado a LA RAZÓN fuentes próximas a la investigación.

Tal y como adelantó este periódico el pasado 29 de abril, el Servicio de Información de la Benemérita (SIGC) investiga a varias decenas de independentistas tras la intentona golpista de 2017 (unos 70), en el marco de unas diligencias, que se mantienen secretas, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona.

El SIGC, en un determinado momento, solicitó, siempre bajo la dirección del juez instructor, la colaboración del CNI para que, con los medios técnicos de que dispone, realizara unas “infecciones remotas” (escuchas) que no podía llevar a cabo la Guardia Civil con los recursos técnicos disponibles.

La Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan, para las escuchas, que se realizan siempre previa autorización judicial, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre acceso remoto a un terminal telefónico, con el sistema SITEL, mientras que el CNI dispone del Pegasus, con unas capacidades mayores en determinadas circunstancias. Fue, en el marco de esa estrecha colaboración, cuando se solicitó la colaboración del CNI, que la prestó, siempre al amparo de la autoridad judicial.

Entre otras cosas, la Guardia Civil trata de determinar, en esas investigaciones que se mantienen secretas, quiénes más pueden estar detrás de la creación de Tsunami Democratic, que organizó las revueltas en Cataluña en 2019, y, ante todo, quién puso el dinero para que se pudiera llevar a cabo.

Tal y como informó LA RAZÓN en su momento, la orden de cierre deTsunami Democratic, decretada por la Audiencia Nacional, estuvo precedida de un informe de la Guardia Civil en el que se imputaba a los organizadores de este grupo actuaciones que podrían ser constitutivas de delitos de rebelión e incluso terrorismo.

En concreto, el informe se refería al intento de asalto al aeropuerto del Prat, en Barcelona; ataques a vías de comunicación y, en general, todas las actividades desarrolladas por los extremistas para provocar el caos en Cataluña. A la vista de este informe, La Audiencia Nacional ordenó la clausura de las páginas web y los perfiles de redes sociales vinculados a Tsunami. La orden fue impartida a la Guardia Civil por el magistrado Manuel García Castellón.