El etarra Henri Parot, condenado a más de 4.000 años de cárcel por varios atentados, y Juan José Rego Vidal, el etarra que intentó asesinar a Don Juan Carlos en Palma de Mallorca en 1995, declararán como testigos en el juicio contra José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, seis de ellas menores de edad.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido la prueba propuesta tanto por la Fiscalía y el resto de las acusaciones -entre ellas las que ejercen la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)- como por la defensa del exdirigente etarra- y ordena que se fije una fecha para el comienzo del juicio. Una vista oral que está pendiente, en todo caso, de la entrega de “Josu Ternera” a España por parte de la Justicia francesa, que ya dio su visto bueno aunque supeditado a que antes rinda cuentas con los tribunales galos (tenía dos juicios pendientes, en uno de los cuales fue condenado, una condena que su defensa ha recurrido).

La Fiscalía imputa a “Josu Ternera”, en calidad de inductor y cooperador necesario, once delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa (tantos como heridos en el atentado) y pide para él una condena de 2.354 años de cárcel, una calificación que AVT y AEGC elevan a 94, por lo que su petición de condena se sitúa en 2.776 años de prisión.

Testigos protegidos

En el juicio también testificarán los etarras Jacques Esnal y Frédéric Haranburu, que a diferencia de Henri Parot cumplen cadena perpetua en Francia. Por este motivo, la Sala precisa que antes de la celebración del juicio decidirá si declaran de forma presencial (lo que requeriría de una entrega temporal autorizada por el país vecino) o por videoconferencia.

Otros dos terroristas que comparecerán en la vista oral serán Eduardo Aguirre Mauleón y Pedro Juan Odriozola, exintegrantes del “comando Parque” que se encargó de trasladar el coche-bomba a Zaragoza y condenados por estos hechos. Al igual que ellos, las acusaciones han pedido que declare (y el tribunal ha dado su visto bueno) el etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa. Este último y Rego Vidal declararán además como testigos protegidos.

Rego Vidal afirmó que en las fechas del atentado Urrutikoetxea controlaba la banda terrorista “de manera absoluta”, por lo que la Guardia Civil considera que como parte de la cúpula de la banda terrorista en esas fechas es responsable del atentado, pero el abogado del exjefe de ETA asegura que se refería al “aparato político”, y no al “militar”.

El informe de la Guardia Civil que discute la defensa

El tribunal también insta a la defensa de “Josu Ternera”, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, que especifique “qué concretos datos” solicita de los guardias civiles autores de un informe de 2001 que ha resultado clave para sentar en el banquillo al exdirigente etarra y que su defensa -que cuestiona la imparcialidad del Instituto Armado al tratarse de un atentado contra la propia Guardia Civil- considera de “escasa rigurosidad” y plagado “de conjeturas”.

A la sala de vistas acudirán igualmente agentes de la Guardia Civil y la Policía, así como médicos forenses, para declarar como testigos o peritos.

“Josu Ternera” intentó evitar el banquillo argumentando que ya fue condenado en Francia como integrante de ETA, pero la Audiencia Nacional descartó que esa condena a ocho años de cárcel por asociación de malhechores impida ahora juzgarle por estos hechos.

Tanto el fiscal Pedro Rubira como el letrado de la AVT, Antonio Guerrero, el de la Asociación Española de Guardias Civiles, Jorge Piedrafita, y los del resto de acusaciones defendieron que “Josu Ternera” no podía beneficiarse de la excepción de cosa juzgada porque la Justicia francesa nunca le juzgó por el ataque terrorista al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

AEGC: “Hacer justicia al fin a las víctimas”

El abogado de la AEGC defiende la validez de ese informe, que según Jorge Piedrafita “acredita la jefatura de Ternera en ETA y que era él quien daba las órdenes”. Tras la resolución judicial, el letrado confía en que “pueda verse a Ternera sentado en el banquillo” para así “hacer justicia al fin a las víctimas de la mayor masacre terrorista en Aragón”.

Tras ser detenido en Francia en mayo de 2019, el exdirigente de ETA se encuentra actualmente en libertad en Anglet, en el País Vasco francés, a la espera de que las autoridades francesas decidan sobre su entrega a España.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que fue el comité ejecutivo de ETA -integrado en esa fechas por “Josu Ternera”, Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”, y José María Arregui (estos dos últimos ya condenados)- el que tomó la decisión de llevar a cabo “una acción terrorista de gran envergadura” como respuesta a la detención del dirigente de ETA Santiago Arróspide, “Santi Potros”, el 30 de septiembre de 1987 en Anglet (Francia). Urrutikoetxea perteneció “ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA”, el comité ejecutivo, desde 1975 hasta su detención en Bayona el 12 de enero de 1989.

Rubira mantiene que la orden partió de la cúpula etarra teniendo en cuenta además que fue “la primera vez que ETA realizaba una acción terrorista contra una casa cuartel de la Guardia Civil que albergaba a las familias de los agentes mediante la utilización de un coche-bomba, cargado además con un volumen ingente de explosivos”.