Castilla de Cortázar: “Los ataques de Ione Belarra al Supremo buscan su desprestigio y deslegitimación”

Ex presidenta del Foro de Ermua, es uno de los puntales de la Fundación Libertad y Alternativa, que se ha querellado contra Ione Belarra por calumnias después de que la líder de Podemos acusara al Tribunal Supremo de prevaricación por la condena al diputado morado Alberto Rodríguez. Inma Castilla de Cortázar cree que tras esas críticas y las de otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez hay una campaña de «acoso y desprestigio» a las instituciones clave del Estado.

–¿Por qué han decidido dar el paso de denunciar a Belarra?

–Sencillamente, porque es intolerable la permanente y sistemática actuación de miembros de los gobiernos de Pedro Sánchez en el acoso y desprestigio a las más altas Instituciones del Estado. Si no hay estado de derecho se destruye la democracia. Y si el poder político se empeña en hacer desaparecer los órganos que precisamente tienen como misión controlar las actuaciones políticas… estamos muy cerca del totalitarismo, es decir, de la tiranía.

–¿Por qué cree que ni la Fiscalía ni el CGPJ denunciaron los hechos ante el Tribunal Supremo?

–Tendríamos que preguntárselo a los responsables de estas instituciones. Es evidente que en modo alguno está garantizada en España la independencia del Poder Judicial: Esta omisión, probablemente, es otra prueba más.

–¿Esperan que la Fiscalía informe a favor de la admisión a trámite de la denuncia?

–Sí, lo esperamos, a pesar de los pesares.

–La libertad de expresión, con unos contornos más amplios en el caso de los diputados, ¿ampara las críticas de Belarra al Tribunal Supremo?

–La libertad de expresión nunca ampara ni el insulto, ni mucho menos la calumnia. En este caso, es aun más grave por el hecho de que es una ministra la que profiere las calumnias, situando la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en una situación lamentable. Los ataques calumniosos de Ione Belarra al Supremo están encaminados al descrédito, desprestigio y deslegitimación de las más altas instancias del Estado.

Lo que ponen de manifiesto, de forma habitual, algunos miembros del Gobierno, es el desconocimiento de la autoridad del Tribunal Supremo: argumentan, por ejemplo con motivo de los indultos a los golpistas, que «a pesar de la opinión del TS…» se les indultará. El Supremo no emite opiniones, sino sentencias, sentencias que se han de acatar. De otro modo, se incurre en un delito de desobediencia.

–La denuncia sitúa los hechos en el contexto de una ofensiva «sistemática» de Podemos para intentar deslegitimar a las instituciones, en este caso a la Justicia y al Tribunal Supremo en particular. En su opinión, ¿qué consecuencias acarrea esa actitud?

–La consecuencia primera es que el poder político carece de control, no tiene límites, puede hacer lo que quiera, sin cortapisas. Es obvio que un gobierno sin control ha dejado de ser democrático para ser totalitario. En España, tenemos una seria amenaza del populismo comunista que está haciendo estragos en toda Iberoamérica.

Otra de las consecuencias, no menos demoledora, es la falta de ejemplaridad que afecta, especialmente, a las generaciones más jóvenes: ¿qué pretendemos que acaten, que respeten, si los que deben ser ejemplares por definición (léase, los cargos públicos que, supuestamente, nos representan a los ciudadanos) se comportan como delincuentes?

–Fundación Libertad y Alternativa mantiene que desde Podemos se ha tergiversado «groseramente» la sentencia que condenó a Alberto Rodríguez por agredir a un policía. ¿Por qué?

–Los hechos en los que se fundamenta la condena del TS están sobradamente acreditados por imágenes y por la declaración de testigos oculares. La sentencia es cuidadosa e impecable. Esta habilidad de los miembros de Podemos para negar la realidad es verdaderamente asombrosa. Pero por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. La realidad, afortunadamente, es tozuda.

–Belarra sostiene que el diputado de Unidas Podemos fue condenado sin pruebas y que el objetivo era quitarle el escaño, pues la sentencia no le impuso esa pena de inhabilitación. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos cuando una autoridad pública se refiere en estos términos a una sentencia de la máxima instancia jurisdiccional del país?

–La inmensa mayoría de los ciudadanos pensamos que estamos gobernados por individuos incompetentes, profundamente sectarios, carentes de rigor, sin respeto a nada, ni a nadie, sin el más elemental sentido del bien común… lo que les lleva a una conducta de una irresponsabilidad sin precedentes.

–Presidió el Foro de Ermua, que nació recogiendo el espíritu de rechazo social a ETA tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahora forma parte de la Fundación Libertad y Alternativa. ¿Cuál es el afán que anima esta iniciativa?

–Desde el Foro Ermua reclamamos libertad para que nadie nos impusiera un nacionalismo étnico, profundamente antidemocrático. Y reclamamos justicia para que tantos asesinatos, secuestros y extorsiones no quedaran en la impunidad, porque sólo la justicia es la antesala de la convivencia. El espíritu del Foro Libertad y Alternativa es similar, pero adecuado a la situación actual, que es indiscutiblemente más grave. Pensamos que nadie superaría a Zapatero en la sucesión de despropósitos, entre ellos el blanqueo de ETA.

Seguimos reclamando libertad, justicia... Y una serie de reformas urgentes que España necesita y que los ciudadanos de a pie reclamamos. Son reformas en la dirección opuesta a las del presidente Sánchez, con ese nutrido cortejo de minorías radicales, que no representan a la inmensa mayoría de ciudadanos. Por eso, reclamamos Alternativa, cuanto antes.

–¿Su actuación está al margen de cualquier interés político?

–El Foro L&A, como hizo el Foro Ermua, está al margen de posiciones partidistas; no dependemos de sigla alguna. Pero nuestro interés es político en el más profundo sentido aristotélico: la lucha por el bien común.