Alberto Rodríguez insta a Batet a aclararle “cuanto antes” con qué “base legal” le ha retirado el escaño

Alberto Rodríguez ha instado por carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a que “cuanto antes” le aclare “con qué base legal ha decidido transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena en una de privación del escaño”.

En el requerimiento que ha remitido a Batet, al que ha tenido acceso este periódico, el ya ex diputado -que ha sido inhabilitado tras ser condenado por propinar una patada a un agente durante una protesta en 2014- le inquiere también sobre “cuándo y mediante qué resolución se adoptó tal medida” y “por qué motivo” se llevó a cabo, sostiene, “sin procedimiento previo alguno”.

El documento, que ha sido registrado hoy mismo en la Cámara Baja, llega después de que Rodríguez haya renunciado a querellarse contra Batet y una vez ha decidido confiar su defensa a los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, abogado también de Carles Puigdemont, cuya estrategia jurídica pasa por recurrir al Tribunal Constitucional tanto la decisión de Batet como la condena que le impuso el Tribunal Supremo antes de llevar los hechos ante las instancias europeas.

De ahí que el ex “número 3″ de Podemos dirija ahora una batería de preguntas a Batet para que le aclare los pormenores de la ejecución de su condena “a los efectos de no causarme indefensión”.

“Una pena no prevista en la sentencia”

Entre esas cuestiones, el ex diputado morado -que anunció tras quedarse sin escaño que abandonaba Podemos- responsabiliza a la presidenta del Congreso de haberle impuesto “una pena no prevista en la sentencia” y le conmina a precisar con qué base legal lo ha hecho.

Rodríguez afirma que le interesa saber “si la arbitraria privación del escaño se trata de una decisión personal suya o la misma ha sido adoptada por algún órgano colegiado” y le insta a que, en cualquier caso, le indique “qué norma le atribuye tales competencias”.

“Como comprenderá -lamenta-, la privación de mi escaño como diputado -en representación de más de 64.000 ciudadanas y ciudadanos canarios- no puede ser aceptada sin más”, por lo que le comunica que ejercitará “todos los recursos” que le ley le permita “para revertir tan arbitraria medida”. En esa misma línea, le apremia a responderle “cuanto antes” a esas cuestiones “a fin de poder delimitar el objeto del futuro litigio que tengo constitucionalmente garantizado”.

Las críticas de la líder de Podemos, la ministra Ione Belarra, al Tribunal Supremo -al que acusó de prevaricación- por la condena a Rodríguez provocaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)reaccionara en defensa del Alto Tribunal y tachara de inaceptables sus palabras, lamentando además que el cuestionamiento de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro país llegase por parte de una integrante del Gobierno.