El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol ha pedido a la Audiencia Nacional su absolución y desvincula la fortuna familiar en Andorra de sus responsabilidades políticas. La defensa de Pujol -que se sentará en el banquillo junto a sus siete hijos por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política- asegura que “no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa” que esté relacionado “con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas”. La Fiscalía pide un total de 92 años de cárcel para la familia Pujol Ferrusola.

En su escrito de defensa, el letrado Cristóbal Martell insiste en que el origen familiar de los fondos ocultos en Andorra tienen su origen en la herencia del padre del ex president, Florenci Pujol, fallecido en 1980, unos fondos que en esa fecha “ascendían a 140 millones de pesetas en dólares” y que -recalca el abogado- “no guardan relación alguna con la alta función pública” que Pujol ejerció al frente del Gobierno catalán entre abril de 1980 y diciembre de 2003.

Pujol -para quien Anticorrupción reclama una condena de nueve años de prisión- justifica la decisión de ocultar ese dinero en cuentas andorranas en la “profunda inestabilidad política y los riesgos que asumía” en función de su cargo, lo que según sostiene producía “profunda inquietud y desasosiego en su padre”, quien le vaticinaba “un futuro incierto para él y su ya entonces numerosa familia”.

Fue, mantiene en su escrito de defensa, en el marco de esa “preocupación” y “con voluntad de asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos” lo que llevó al padre de Jordi Pujol a constituir “un depósito en el exterior” (lo que trasladó a su hijo y a su nuera) “con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político que asumía”.

Niega que favoreciese a sus hijos

Pero, hace hincapié, “nunca” a lo largo de su dilatada actividad política “torció su recto y digno ejercicio” ni incitó a otros a hacerlo “desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos”.

Su abogado sostiene también que “no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo” sobre autoridades y altos cargos o funcionarios, haciendo valor su posición política, “en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección”.

Florenci Pujol -señala- había desarrollado una carrera empresarial “cuyos hitos más destacados son la titularidad mayoritaria sobre los Laboratorios Martín Cuatrecasas (luego, Laboratoris Fides), la adquisición de la Banca Dorca como germen y génesis de lo que luego sería Banca Catalana, y con anterioridad, una muy singular actividad de intercambio de divisas desde las plazas de Ginebra y Tánger en un contexto de búsqueda de salidas para atender a las necesidades empresariales de moneda extranjera por parte de la industria algodonera” en el marco de una política económica “férreamente autárquica” durante el franquismo.

La gestión de los fondos en Andorra

En un primer momento, asegura, dejó la gestión en manos de su “íntimo amigo” Delfí Mateu, ejecutivo de Banca Catalana, y tras el fallecimiento del padre de Jordi Pujol se decidió “respetar su voluntad con relación a mantener el depósito en el extranjero bajo la gestión de personas de confianza”. Un depósito del que finalmente se haría cargo un primo del ex president, Joaquim Pujol i Figa, hasta que en 1990 esa responsabilidad fue asumida por Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide una condena de 29 años de prisión y que ha tenido que hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de 7,5 millones de euros.

En relación a la gestión de esas cuentas bancarias en Andorra, Jordi Pujol Ferrusola asegura en su escrito de defensa que en el ámbito “de desarrollo de su actividad empresarial o de administración y gestión del legado de su abuelo” tanto en las entidades Andbank como en la Banca Privada de Andorra (BPA) “no han recibido nunca ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas”.

Según explica su abogado, en 1992, al evidenciarse “una notable estabilidad política que hacía impensable los riesgos que el depósito venía a asegurar, se decide la desinversión paulatina”, pues algunos de los hermanos querían tener “disponibilidad de puntas de liquidez, la utilizaran o no”, comenzando Pujol Ferrusola a su “reparto progresivo”, que comienza en agosto de 1992 y concluye en octubre de 2000.

“Despliegue abrumador de medios policiales”

Desde el fallecimiento del abuelo Florenci hasta el año 2000, asegura su letrado que “solo por intereses en operaciones ordinarias se obtenían rendimientos” de alrededor del 10 por ciento. En ese periodo, explica, “se van produciendo desinversiones y liquidaciones teniendo lugar una liquidación final” en favor de los siete hermanos y Marta Ferrusola de 126 millones de pesetas (757.000 euros) para cada uno.

Jordi Pujol Jr. señala que “tras siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales” la Fiscalía Anticorrupción sólo señala diez expedientes bajo sospecha en los que, subraya, “no se ha evidenciado torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución y, aún menos, intervención directa o indirecta” del entonces presidente de la Generalitat, bien directamente o a través de su primogénito “terciando o induciendo la resolución en determinada dirección y beneficio propio o de tercero por él auspiciado”. Tampoco, añade, hay indicios de “ni una sola conducta de esa naturaleza de inducción o influjo del resto de hermanos de la familia”.

Reclama la desclasificación de la “operación Cataluña”

Pujol Ferrusola atribuye el origen de la investigación contra su familia en la “operación Cataluña” -cuyos documentos pide desclasificar-, a través de la cual la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy -denuncia- “al margen de toda legalidad procesal y control judicial” se dedicó a “auspiciar” y “activar” el “relato” de la denuncia “enfilada a la incoación misma de la causa”. Un impulso inicial en el que, señala “destaca la intervención del comisario José Manuel Villarejo” con el “auxilio” de su socio, el abogado Rafael Redondo.

Anticorrupción imputa a Jordi Pujol y a sus siete hijos (su esposa, Marta Ferrusola, fue apartada del banquillo in extremis al sufrir una demencia senil) delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado, sin embargo, no acusa al ex president y solo dirige su acción penal contra Jordi Pujol Ferrusola (para quien reclama una condena de 25 años de prisión), su ex esposa y uno de sus hermanos, Josep Pujol Ferrusola.

Según Anticorrupción, Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el propio ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años».