El ex jefe de gabinete de Arancha González Laya se niega a revelar al juez la identidad de la persona que le envió por correo electrónico una copia del pasaporte argelino de Brahim Ghali y del documento de viaje de su hijo, Brahim Sid el Mustafa Luali. El magistrado Rafael Lasala, que dio al diplomático Camilo Villarino un plazo de tres días tras acordar la medida a instancia de la acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales, debe decidir ahora si ordena que se le incaute el móvil para rastrear el origen de ese mensaje.

En un escrito fechado ayer (el mismo día que la ex ministra de Exteriores compareció como investigada ante el instructor), la Abogacía del Estado elude la petición judicial y se limita a enviar a Lasala una copia del pasaporte argelino de Ghali y del permiso de residencia de su hijo (que no el documento de viaje fechado el pasado 28 de mayo que le permitió regresar junto a su padre a Argelia cuatro días después).

El magistrado también instó al diplomático a que en ese mismo plazo de tres días le facilitase el correo whatsapp a través del cual Eliseo Sastre, responsable de la oficina de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, le envió una copia del pasaporte falso (a nombre de Mohamed Benbatouche) con el que se registró Ghali al ingresar en el hospital de Logroño el pasado 18 de abril. Pero la Abogacía ni siquiera lo menciona en su escrito de respuesta.

“Si lo que entendemos que se solicita -afirma la abogada del Estado María del Mar González Bella- es la aportación de correos electrónicos o whatsaps en los que se plasmó ese traslado de documentación, lo primero que ha de ponerse de manifiesto es que el sr. Villarino, mientras fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos”.

Por “motivos de seguridad”

Y justifica esa rutina en “motivos de seguridad” y en su intención de “minimizar el daño en caso de hackeo de los equipos”. Sí mantuvo en este caso, precisa, “la documentación anexa, dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño”.

Pero la defensa de Villarino y de la propia González Laya (ambos imputados en la causa), deja claro que “en cualquier caso, aunque esto no hubiera sucedido”, Villarino -tal y como se encargó de repetir en su declaración- “no podía revelar las personas concretas que eran sus contactos en este asunto” por el “carácter reservado existente en esta materia” (al que también se acogió Laya ante el juez) “por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales”. De ahí que concluya, dando esquinazo a la petición judicial, “no podría pretenderse obtener ahora, solicitando esta aportación, conocer quién fue el remitente de dicho correo o whatasps”.

En definitiva, la Abogacía del Estado esgrime una “imposibilidad física (correos eliminados)” y una “imposibilidad legal de aportación (deber de proteger el carácter reservado de la información)” para no cumplimentar la petición del instructor. Y al mismo tiempo muestra sus sorpresa por el hecho de que la acusación popular esté “requiriendo la aportación (bajo apercibimiento, además)” de esos correos electrónicos “a quien ostenta la condición de investigado, desconociendo la acusación solicitante los más elementales principios de nuestro procedimiento penal”.

En todo caso, fuentes próximas a la acusación popular apuntan que reiterarán al magistrado su petición de que reclame a Villarino su teléfono móvil para llevar a cabo una pericial informática en busca de esos correos.