El juez propone juzgar también a Villarejo por espiar a un empresario marbellí

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ve indicios suficientes para sentar en el banquillo por delitos de cohecho y revelación de secretos a José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a tres mandos policiales, entre ellos el comisario Enrique García Castaño, por espiar en 2016 al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano por encargo de una antigua socia en un negocio inmobiliario con la que mantenía una deuda.

En la resolución en la que acuerda el pase a procedimiento abreviado de la pieza 8 del “caso Tándem” (un paso procesal similar al procesamiento en el sumario), el magistrado explica que Marzena Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una “estrategia conjunta” de tipo civil y penal frente a Zotano con el objetivo de que este le restituyese “las cantidades que ella le había entregado a cuenta” de una relación inmobiliaria entre ambos. A cambio, quedó estipulado que abonaría el 33% del importe de la cantidad que se consiguese recuperar.

Con posterioridad, en septiembre de ese mismo año, el Grupo Cenyt de Villarejo “elaboró un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental” del empresario marbellí en el que se examinaba su persona, su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, su entramado societario y su situación financiera. Un informe en el que se señalaba la existencia de “indicios” de un posible “fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación”.

Bases policiales “de acceso restringido”

Para elaborar esos documentos, se recurrió a bases de datos “de acceso restringido”, incluida la policial del DNI, para lo que se recurrió a la clave personal de un inspector jefe que se encontraba de vacaciones y respecto del cual el instructor acuerda el archivo de las actuaciones, una medida que también extiende a otros tres investigados, entre ellos el que fuera director adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

La solicitud de acceso a los datos de Gómez Zotano, afirma el juez, “se dio de modo informal y sin seguir ningún protocolo al efecto” por el comisario García Castaño, jefe de la UCAO, a petición del propio Villarejo, que en esas fechas era comisario en activo.

“No existía -recalca García Castellón- ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de datos de Felipe Gómez Zotano”. No obstante, ese informe prejudicial con los datos irregularmente obtenidos fue presentado por Marzena Katarzina en las causas judiciales que mantuvo contra el empresario.

El magistrado considera que existen indicios para juzgar a Villarejo, Redondo y David Macías por un delito de cohecho pasivo; a Marzena Katarzina, por cohecho activo, y a los mandos policiales Constancio Riaño, García Castaño y Antonio Bonilla (en segunda actividad en el momento de los hechos) y al propio Redondo, por descubrimiento y revelación de secretos.

García Castellon descarta sin embargo imputarles un delito de extorsión al no apreciar ningún acto de “violencia ni de intimidación” dirigidos a que el empresario realizase u omitiese un acto o negocio jurídico “en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero”.

Apunta, además, que el encargo de Marzena Katarzina se produjo en el verano de 2015, por lo que no se puede conectar con el Grupo Cenyt ningún hecho anterior a ese año.