La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal las diligencias que abrió el pasado febrero para investigar si Pablo Echenique pudo incitar a un delito de desórdenes públicos con la publicación de un tuit en el que alentaba las protestas, que concluyeron con graves disturbios en Barcelona y Madrid, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

En un decreto del pasado lunes al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal de Sala jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, José Javier Huete, acuerda cerrar la instrucción de las diligencias 6/2021, abiertas por la denuncia interpuesta contra el portavoz parlamentario de Unidas Podemos por la Confederación Española de Policía el pasado 22 de febrero (a la que se sumaron después otros sindicatos policiales y asociaciones), al tener constancia de que la Sala Segunda ha incoado una causa especial sobre estos hechos, la número 3/20386/2021, tras la querella interpuesta por Vox el 27 de abril.

Pero según apuntan fuentes del Supremo, el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la querella, a la espera precisamente -desde hace más de un mes- de que la Fiscalía informe si procede o no abrir una investigación.

La Confederación Española de Policía denunció a Echenique el pasado 22 de enero ante la Fiscalía del Supremo por el tuit en el que escribió unos días antes: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol”.

Según las fuentes consultadas, es complicado que prospere la denuncia, dado que Echenique podría estar amparado por la inviolabilidad parlamentaria -que no solo se ciñe, subrayan, a lo que pueda manifestar en el estricto ejercicio de sus funciones como diputado-. Y, además, para imputarle por supuestamente instigar a la comisión de un delito (en este caso de desórdenes públicos, habría que acreditar que se produjeron hechos violentos o disturbios directamente a consecuencia de su comentario en Twitter)

Denuncias en cascada

Para el sindicato policial, el portavoz morado escribió ese mensaje cuando “ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada en Sol y en las calles de los alrededores” del centro de la capital, por lo que consideraba que pudo incurrir en un delito de incitación a la violencia.

Posteriormente, a estas diligencias se sumaron las denuncias de otros sindicatos policiales -Sindicato Unificado de Policía y Unión Federal de Policía-, de la Asociación Cultural Blas de Lezo, del sindicato Manos Limpias y del partido político Por Todos.

Pero la querella que ha acarreado la apertura de una causa especial en la Sala Segunda ha sido la que interpuso Vox el pasado 27 de abril, que aunque en principio no fue tramitada por un defecto formal, “subsanada tal deficiencia” -recuerda el fiscal en su escrito- fue “incoada la causa especial número 3/20386/2021”. El partido de Santiago Abascal imputaba al parlamentario morado que alentase el “terrorismo callejero”.

Aforado ante el Tribunal Supremo

Vox ya había intentado sin éxito con anterioridad que los hechos se investigaran en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y en el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, pero en ambos casos sus pretensiones fueron rechazadas por no ser competentes para investigarle “dada su condición de aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

El fiscal del Supremo, que en el decreto no realiza valoración alguna sobre los indicios contra Echenique, se limita a constatar que los denunciantes le atribuyen la supuesta comisión de incitación a desórdenes públicos, delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, de odio, lesiones y daños. Ahora, el Ministerio Público tendrá que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella de Vox.

En particular, los denunciantes ponen sobre la mesa el artículo 559 del Código Penal, que establece que “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.