Los Pérez-Maura desafían al juez: “Por mucho que le pese no puede perseguir los delitos fiscales”

Álvaro Pérez-Maura, uno de los integrantes de la familia dueña de la naviera Pérez y Cía, ha presentado un recurso de apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se enfrenta al propio magistrado, Manuel García Castellón, después de que este le imputara junto a su hermano Ángel sendos delitos contra la Hacienda Pública “sin ni tan siquiera haber recabado un informe previo de la Agencia Tributaria”, lamenta el empresario en un escrito de 3 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que sostiene que la investigación judicial se realizó después de que regularizara sus cuentas.

“Y es que, de haberse librado previamente oficio a la Agencia Tributaria, muy posiblemente no nos encontraríamos en esta situación”, argumenta Pérez-Maura quien completa que en diciembre de 2016 presentó una declaración complementaria ante Hacienda que “impide perseguir los cuatro presuntos delitos investigados”.

Esta familia considera que “por mucho que les pese al Ministerio Fiscal y al instructor, [la regularización] imposibilita la persecución de las supuestas irregularidades tributarias en que se haya podido incurrir, debiendo por tanto dejarse sin efecto” el auto, que ampliaba las acusaciones contra los empresarios.

Una memoria USB

Las nuevas imputaciones a los navieros –hermanos del ex director adjunto de Abc Ramón Pérez Maura–y a dos de sus empresas las acordó el instructor a instancias de los fiscales de la pieza separada del “caso Tándem” denominada “Pit” y después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía hallara datos de gran relevancia para la causa en una memoria USB requisada en un registro, que tuvo lugar el 8 de mayo de 2019 en el domicilio del también investigado Francisco Javier Soucheiron Marcet.

Este ‘pendrive’ incluía las declaraciones fiscales de la empresa Grup Maritim TCB de los años 2012 a 2015 en las que se detectaron ciertos gastos que parecen corresponderse con las mordidas pactadas por la adjudicación y construcción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Guatemala, según resaltan los Pérez-Maura en su escrito.

Además, en el dispositivo externo de almacenamiento de datos había un informe que fue encargado por la sociedad APM Terminals Management S.L. (APMT), –que es como se llama ahora la firma Grup Maritim TCB–, al bufete Ernst & Young en el que se especifica que esta empresa se dedujo ante Hacienda 7.969.445 de euros de las presuntas comisiones ilegales que pagó a los políticos de Guatemala, entre ellos el ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que superaron los 30 millones de dólares.

No se consideran responsables

El anterior documento es muy relevante para los navieros, ya que consideran que muestra que su naviera Pérez y Cía no es la responsable de que se abonaran mordidas a las autoridades guatemaltecas para obtener la adjudicación de la terminal portuaria, sino que la decisión de deducirse el pago de las mordidas corrió a cargo de la sociedad Grupo Maersk, que compró Grup Maritim: “Incomprensiblemente, dicha resolución no se dirigía contra APM Terminals Management S.L.]”, lamentan los Pérez-Maura, que están enfrentados a la empresa que les compró una parte del puerto Quetzal, que sería según ellos “el único posible obligado tributario”.

“La Sala debe conocer que el 8 de marzo de 2016 APM Terminals Management S.L y Pérez y Cía firmaron un contrato de compraventa en virtud del cual la segunda transmitió a la primera sus participaciones sociales en Grup Maritim TCB. A partir de este momento, el Grupo Maersk (al que pertenece la mercantil APM Terminals Management S.L,, que ejerce la acusación particular) se hizo cargo de la sociedad Grup Maritim TCB, ocupándose, entre otras muchas cuestiones, de la preparación y presentación de la autoliquidación relativa al Impuesto de Sociedades del año 2015 (firmada y presentada en julio de 2016, cuando los hermanos Pérez-Maura García ya no eran consejeros de Grup Maritim TCB)”, defiende el abogado de los navieros en el recurso.

El 19 y 20 de diciembre de 2016 la mercantil Grup Maritim TCB presentó dos declaraciones complementarias a sus Impuestos de Sociedades de 2012, 2013, 2014 y 2015, ya que dejaba de aplicar las deducciones relativas a las facturas de las supuestas comisiones ilegales abonadas a los políticos de Guatemala.

Censuran a los fiscales

Pero en el escrito los Pérez-Maura no solo critican al juez sino que también censuran la actuación de los fiscales, a quienes acusan de perseguir los cuatro nuevos delitos pese a ser “plenamente conscientes” de las razones que argumentan las defensas: “Consideramos que el auto de 22 de febrero de 2021 no es ajustado a derecho porque, como explicaremos, la regularización tributaria que se llevó a cabo impide la persecución y, por ende, la investigación de estos cuatro presuntos delitos”, completan.

Además, según los navieros la regularización tributaria que llevaron a cabo en 2016 también impide la persecución de aquellas irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que se pudieran cometer antes de la regularización: “Puede afirmarse que la regularización supone un retorno a la legalidad y, por consiguiente, una automática desaparición de cualquier reproche penal”, concluyen los empresarios.

10 millones a Villarejo

En esta causa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga el pago de 10 millones por parte de los Pérez-Maura a José Manuel Villarejo para que este comisario impidiera la extradición a Guatemala de Álvaro Pérez-Maura, pero también un supuesto delito de corrupción en las transacciones internacionales por el abono de mordidas a políticos de este país a cambio de la adjudicación de la construcción y explotación de una terminal del Puerto Quetzal, situado en la costa del Pacífico.

El juez también sigue el rastro de una presunta donación de un millón de dólares que realizó Ángel Pérez-Maura al empresario español Juan José Suárez, quien permanece en prisión en Guatemala por las supuestas mordidas abonadas a las autoridades de este país centroamericano por una empresa del Grupo Pérez y Cía, según adelantó LA RAZÓN.