Jordi Pujol Ferrusola ha aportado a la Audiencia Nacional una cuenta bancaria con 3,8 millones, su colección de coches de lujo (valorados en 2,6 millones según una reciente tasación y que serán pronto subastados) y un piso en uno de los distritos más caros de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, para hacer frente a la fianza de 7,5 millones que le impuso el juez Santiago Pedraz el pasado junio al llevar a juicio al ex president Jordi Pujol y sus hijos.

En un escrito remitido al magistrado al que ha tenido acceso LA RAZÓN, sus abogados ponen a disposición del juzgado para cubrir el importe de esa fianza -con la que Pujol Ferrusola hace frente a posibles responsabilidades civiles- una cuenta en la entidad Caixabank, que ya fue embargada por orden judicial el 5 de octubre de 2018, cuyo saldo asciende a 4.604.549,92 dólares (3.885.597,77 euros al cambio actual).

El titular de esta cuenta es una de las empresas investigadas por las supuestas operaciones de blanqueo que Anticorrupción atribuye a Jordi Pujol Jr., Inter Rosario Port Services S. A., que tiene como socio único a la sociedad mercantil Active Traslation S. L., propiedad al 100% de Pujol Ferrusola, quien según aseguran sus abogados “queda a disposición del juzgado a los fines de ratificar personalmente esta manifestación y designación de bienes para afianzamiento”.

Además, su defensa pone sobre la mesa su colección de coches de lujo (también bloqueada por orden de la Audiencia Nacional), una docena de vehículos -entre ellos tres Ferrari, dos Porsche, otros tantos Lamborghini, dos Mercedes, un Jaguar, un Lotus y un Seat-600- recientemente tasados en 2.600.560 euros, después de que el primogénito del ex president se quejara reiteradamente de que su anterior tasación (1,8 millones) estaba desfasada y no se correspondía con el valor de mercado. Todos estos turismos serán subastados por orden del juez Pedraz por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

Un piso en Ganduxer

Por último, Pujol Ferrusola ofrece avalar esos 7,5 millones con una vivienda situada en la calle Ganduxer de Barcelona, también a nombre de Iniciatives Marketing Inversions, cuyo valor “habrá de ser determinado mediante tasación de dos peritos nombrados por este juzgado, a los efectos de poder verificar y declarar la suficiencia de los bienes designados en relación al importe a afianzar”. En todo caso, sus abogados trasladan al juez -que ya ha dado traslado de la propuesta de Jordi Pujol Jr. a la Fiscalía para que se pronuncie- su compromiso de que “formalizará” el otorgamiento de la fianza hipotecaria “el día y hora que a tal efecto señale el juzgado”.

La nueva tasación a sus coches de lujo -inmovilizados en una nave de un polígono industrial de Buvisa de Teia (Barcelona)- fijó en 678.400 euros el valor de un Ferrari F-40 (antes tasado en 300.000 euros); en 61.100 el precio de un Ferrari 328 GTS (antes 77.500 euros) y en otros 71.300 euros el valor de un Ferrari F110 Testarrosa (en la anterior tasación valorado en 120.000). Además, atribuye un precio de 113.900 euros a un Jaguar E-Type 3.8 Roadster (antes 148.000 euros), de 218.600 a un Lamborghini 132 SE Diablo (que también se deprecia, pues su valor se fijó en 250.000 euros) y de 959.000 euros a un Lamborghini Miura (que ve incrementado su precio respecto a los 816.000 euros en los que se tasó).

Pero, sobre todo, la tasación incluyó esta vez otros tres vehículos propiedad de Pujol Ferrusola que estaban sin valorar aún: un Porsche 356 Super 90 XJ, valorado en 109.500 euros, un Porsche 911S Targa de 105.200 euros y un Seat 600-E Réplica Abarth de 7.600 euros.

Diez días de plazo

El juez Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos y otras once personas (la mayoría empresarios) por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política. Además, dio diez días al primogénito para que que depositase esos 7,5 millones de euros (400.000 en el caso de su ex mujer Mercé Gironés) para cubrir posibles responsabilidades civiles.

El magistrado archivó la causa respecto a la esposa del ex president, Marta Ferrusola después de que su defensa presentara un informe médico que ratificaba que padece un demencia severa.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 años para su hijo mayor -a quien le señala como gestor del patrimonio familiar oculto en Andorra- por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, frustración en la ejecución y fraude tributario. La Abogacía del Estado, sin embargo, no acusa al ex president y solo dirige su acción penal contra Jordi Pujol Ferrusola (para quien reclama una condena de 25 años de prisión), su ex esposa y uno de sus hermanos, Josep Pujol Ferrusola.

Según Anticorrupción, «actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana». La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el propio ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años».