Moncloa dice que en Europa «no hay problema» con los indultos, que, al contrario, son bien recibidos. Así se explica desde la comunicación del Gobierno. Pero en clave doméstica sí tienen que hacer grandes esfuerzos y hasta campaña para intentar el apoyo de representantes de la élite económica, financiera, intelectual y, por supuesto, política para la arriesgada decisión. El lunes la presentará en Barcelona el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con un montaje escenográfico de lujo y varios centenares de nombres de la sociedad civil.

El problema está fuera de Cataluña. Sólo que Moncloa confía también en que lo que ganen de capitalizar los indultos allí compense, en el largo plazo, el desgaste del resto de España. El principal partido de la oposición se queda fuera, como ocurrió con la reforma del Estatuto catalán, y esto se ha reconocido pasado el tiempo como un error desde el PSOE. Pero la manera que tiene Moncloa de intentar poner sordina al hecho de que el PP no esté en esta operación de carácter de Estado, al menos si se atiende a los términos a los que se refieren a ella desde el Gobierno, pasa por buscar otras complicidades y dejar en soledad en el ámbito institucional a la derecha.

Ayer, Sánchez aplaudió en Barcelona el apoyo de los empresarios catalanes a su negociación con el independentismo. El Círculo de Economía ha sido una cómoda plataforma para que el jefe del Ejecutivo «blanquee» una decisión claramente impopular, incluso entre algunos sectores de su partido. Aunque cada vez son menos las voces que la discuten en público.

La «concordia» como valor económico y los indultos dentro de la política para salir de la crisis provocada por la pandemia. En Cataluña estas palabras tienen un efecto especial porque agentes sociales y económicos han visto cómo repercute en su cuenta de resultados la inestabilidad provocada por el «procés». Fuera de Cataluña el argumentario tiene que buscar otras razones para convencer y que vayan también más allá de acusar al presidente del PP, Pablo Casado, de vivir instalado en el cuanto peor, mejor. «El cuanto peor, mejor, y la incitación al odio territorial empobrecen a la sociedad», defendió Sánchez, como prólogo de la ceremonia con la que este lunes presentará la medida que se espera que el martes apruebe el Consejo de Ministros.

En la justificación de los indultos Sánchez los ligará este lunes con el diálogo, la reconciliación nacional, esa concordia que supuestamente mejorará la recuperación económica, y los valores constitucionales, en línea con lo que ya ha ido anticipando.

La «Agenda para el Reencuentro» tiene que tomar forma después en el resto de España, donde el Gobierno también está obligado a medir cada paso para conseguir dar la vuelta a la opinión pública. Y, sobre todo, para evitar que la mesa de diálogo, que es donde realmente arriesga su futuro, no sea la razón del inicio de una contienda entre comunidades autónomas y de una competición por ver quién consigue antes lo mismo que el Gobierno está negociando bilateralmente con la Generalitat. Desde comunidades del PP y también socialistas ya se ha levantado la mano, en la exigencia de que se les dé el mismo trato bilateral en lo que a ellas les importa, que es la financiación, por ejemplo. Y el País Vasco guarda silencio, pero el PNV no tolerará mejoras que alteren los actuales equilibrios incluso entre las llamadas comunidades históricas.

A Moncloa le queda por delante una campaña larga, donde en el camino habrá más protestas en la calle y una dura ofensiva institucional de la oposición en el ámbito nacional y autonómico.

La batalla política por los indultos se sustanciará en un cuadrilátero en el que el Gobierno juega en casa en Cataluña, pero con el público en contra en el resto de España. Mientras que la oposición se mueve justo en el tablero contrario. En el PP creen que deben contener su participación en más manifestaciones hasta que haya movimientos en la mesa de diálogo.

«Debemos volver al punto donde dejamos de hablarnos. Tenemos la obligación de reencontrarnos porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. España no puede permitirse un desacuerdo estéril. Claro que hay discrepancias, pero no son insalvables», sentenció ayer Sánchez.

Los empresarios catalanes le reclamaron que entienda el problema catalán como un problema español, en el que el reparto de cuotas de poder y de recursos debe hacerse evitando el inmovilismo, pero también la unilateralidad.