Las fugas en Ciudadanos acercan a Andalucía y Castilla y León a elecciones

La descomposición de Ciudadanos (Cs) a nivel territorial hace que cada vez entre más en juego la variable del adelanto electoral en Castilla y León y Andalucía, dos de las comunidades que el PP gobierna en coalición con el partido de Inés Arrimadas.

El clima político y el desgaste del Gobierno de coalición suman a favor de una hipótesis que está en el tablero donde se cruzan las posibles decisiones a futuro. Formalmente la relación entre los socios entre estos dos gobiernos autonómicos funciona razonablemente bien dentro de las diferencias y suspicacias que procuran preservar del escaparate público. Pero en el PP se tientan la ropa ante la sensación de que Inés Arrimadas «no controla» a su partido, y porque temen que, si no se anticipan, pueden encontrarse con una estampida de cargos naranjas «para venderse al mejor postor».

Es evidente que en los «cuadros» de Ciudadanos ha calado la idea de que se juegan en estos próximos meses el ser o no ser, y que el ser no pasa ya por mantenerse fieles a sus siglas porque el próximo proceso electoral autonómico y municipal les borrará prácticamente de todo el mapa nacional.

Las encuestas son dramáticas y los movimientos de recolocación hace tiempo que han empezado. Esto puede llevar a que el PP se encuentre de repente en minoría o hasta en la oposición, en cuanto el grupo de Ciudadanos se fracture para atender intereses particulares antes que el interés general de unas siglas que dan por amortizadas.

En Castilla y León, la oposición no puede presentar otra moción en el plazo de un año desde que se debatió la última, que perdieron los socialistas el pasado mes de marzo. Pero antes de esa fecha el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que tomar una decisión, porque los populares ya tuvieron grandes dificultades para garantizar la lealtad y la unidad de la parte naranja.

En Génova ven estos adelantos electorales como la oportunidad para reforzar su poder territorial y creen que la negociación del presidente Pedro Sánchez con el independentismo y el desgaste del Gobierno de coalición pueden hundir a las marcas socialistas en los territorios y facilitar mayorías más amplias para sus siglas.

A los barones del PP les vendría bien aguantar un poco para que la recuperación económica les diese también impulso frente a Vox, el partido que más beneficio puede obtener de las restricciones obligadas por la pandemia y de la crítica expansiva, por verse libre de responsabilidades de gobierno.

En Andalucía las elecciones tocarían por calendario en diciembre de 2022, y en Castilla y León, en mayo de 2023. En esta última fecha tendrán que celebrarse autonómicas y municipales a nivel general, salvo las comunidades históricas que llevan su propia agenda o salvo que haya algún adelanto electoral en otra autonomía.

El PP cada vez considera menos arriesgado avanzar por esta vía para encomendarse al futurible de que los malos resultados electorales del PSOE en sus comunidades desestabilicen también a Sánchez, como ha ocurrido con el batacazo de los socialistas en los comicios que el 4 de mayo se celebraron en Madrid. Por tanto, es una batalla territorial, pero en el fondo lo que más importa es sus consecuencias en la contienda nacional.

Ante esta perspectiva de descomposición de Ciudadanos, en el poder territorial del PP está empezando a emerger una prudente rebelión para frenar el «fichaje» de más cargos naranjas por parte de la dirección de Pablo Casado.

Como movimiento desestabilizador de arranque se acepta, pero en la situación actual, y después del resultado de Cs en Cataluña y en Madrid, los cuadros autonómicos y municipales desaconsejan que se rescate del precipicio a más dirigentes naranjas que «no tienen otro camino que el de irse al paro». La razón es que esos fichajes molestan internamente porque desplazan a suplentes del banquillo popular, que llevan años esperando para entrar al campo de juego. «No se nos pueden imponer más fichajes porque no aportan nada y cabrean a los nuestros».

El fichaje más rentable de Génova fue el de Fran Hervías, ex secretario de Organización de Ciudadanos y buen conocedor de las debilidades territoriales de Arrimadas y de los «nombres» más susceptibles de reaccionar al estímulo de ser tanteados con el fin de reclutarles para la causa popular. A cambio, por supuesto, de un puesto en una lista y de nómina.

Pero en el partido dicen «Basta» y piden que se mire más hacia dentro, se respete la autonomía territorial en las listas y se deje que la «muerte» de Ciudadanos llegue «de forma natural». «Ciudadanos es a nivel territorial una amalgama de gente oportunista, que entró en política en un momento determinado para hacer carrera. No tienen historia en común ni proyecto. Y no se puede confiar ni en su lealtad hacia la dirección de su partido ni tampoco hacia los gobiernos de los que forman parte», sentencian en la dirección del Partido Popular. Protocolariamente Pablo Casado e Inés Arrimadas han retomado el diálogo después de que se produjera la moción de censura en Murcia. Y hasta dicen que hablan de manera habitual. Pero los hechos confirman que ni hay confianza ni espíritu de colaboración.