Las comunidades exigen un mes más de estado de alarma por la covid

Los presidentes autonómicos, sin distinción de color, recibieron ayer con estupefacción la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar que no baraja prorrogar el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, sin haberlo debatido en el Consejo Interterritorial de Salud ni esperar a ver la incidencia real de los contagios y de la vacunación en la evolución de la pandemia. Los barones comparten los mismos recelos sobre la fecha fijada en el calendario porque creen que es «precipitada», posiblemente por la presión electoral de Madrid, y que obligara a posteriori a Sánchez a revisarla. Lo sensato para quienes están en la primera línea de la gestión sería «aguantar la alarma al menos un mes más», hasta principios de verano o ya entrado el mismo, por la inseguridad jurídica total en la que se quedarán en un momento en el que es previsible que sigan siendo necesarias restricciones de movimientos, aunque se vayan aliviando poco a poco.

El mayor problema del fin del estado de alarma es la supresión del toque de queda, la medida más eficaz para la mayoría de los presidentes autonómicos para combatir la incidencia del virus. Sin tener controlada la pandemia, ni culminado el proceso de vacunación, retirar el toque de queda implica dejar vía libre, con total impunidad, a los botellones, las fiestas y las concentraciones en lugares públicos y en el ámbito privado, «sin margen de control». El buen tiempo facilitará este «desenfreno» antes de tiempo, sin que los presidentes autonómicos tengan capacidad de atajarlo.

El fin del estado de alarma solo les dejará capacidad para cerrar los bares porque esta medida entra en el ámbito sanitario sin necesidad de requerir la autorización judicial. El cierre autonómico y provincial decaerá, con independencia de la situación en la que se encuentre cada comunidad autónoma. Los Gobiernos regionales sólo tendrán facultades para aplicar algún cierre local, pero siempre y cuando las cifras de contagios sean muy altas. Tampoco tendrán ya competencias para limitar el número de personas que se reúnen, fijado en seis en la actualidad. Las limitaciones tendrán que ser solo puntuales y previa autorización judicial. Otras restricciones, como las que afectan a los lugares de culto, quedarán sin efecto, aunque este es uno de los puntos que menos preocupa a las autoridades sanitarias autonómicas. Lo mismo ocurre con las normas que regulan los lugares de trabajo, que tampoco estarán ya vigentes.

«Prudencia»

En las comunidades piden «prudencia» y no anticipar escenarios por «motivos políticos». La mayoría de las autoridades políticas y sanitarias regionales coinciden en la importancia de salvar la temporada turística y reactivar el sector servicios, pero consideran que adelantar a mayo el fin de todas las restricciones puede tener graves consecuencias sanitarias y también económicas. «Podemos perder más que ganar si no estamos preparados».

Al presidente Sánchez le venía bien formalizar ayer el anuncio para irrumpir con este mensaje positivo en la campaña madrileña, donde no está en juego solo el Gobierno de Madrid, sino el futuro de su Legislatura y la estabilidad de su Ejecutivo. Pero en el ámbito autonómico desconfían de sus palabras y sobre el terreno prevén que, después de las elecciones de Madrid, el Gobierno revise su anuncio y plantee un escenario más ajustado a la realidad.

También reconocen que la pelea política nacional dificulta a Sánchez hacer ese análisis más realista, y aquí apuntan contra la posición de confrontación de Pablo Casado contra el estado de alarma. Los presidentes autonómicos del PP han tenido que combatir en soledad contra la política nacional que Génova ha hecho de esta cuestión. Y ahora sería contradictorio que Casado reclamara la continuidad del estado de alarma cuando dejó de apoyarlo en la etapa final del confinamiento. La justificación fue la exigencia de una revisión de la normativa sanitaria para llegar al mismo punto, limitar movimientos y derechos fundamentales sin autorización judicial, y es cierto que Sánchez incluso se comprometió con Cs a implementar esa reforma en septiembre. Aquel compromiso quedó incumplido.

La prórroga del estado de alarma tendría para el Gobierno de coalición un coste en imagen ante la opinión pública, pero también volvería a colocarle en un serio aprieto parlamentario a la hora de buscar los apoyos para sacar adelante esta medida excepcional. Si Sánchez ya tuvo dificultades en el pasado, el contexto político que sale de la moción de censura en Murcia y de las elecciones catalanas limita aún más la geometría variable de la que el presidente depende. El apoyo de ERC está más en cuestión que nunca, y la dirección de Cs sale tan debilitada de la crisis interna que se le ha abierto que esto pone más difícil a Inés Arrimadas hacer gestos de apoyo al PSOE. La justificación oficial de las fugas al PP ha sido, precisamente, echar en cara a la cúpula naranja que se haya vendido al Gobierno de coalición. Hasta ahora Arrimadas había apostado por modular el «No es No» de Albert Rivera al PSOE para negociar cada ley y cada iniciativa.

Por cierto, los gestores sanitarios coinciden con el criterio autonómico: creen que la cuarta ola no se frenará por el ritmo de vacunación y que precipitar el fin del estado de alarma puede retrasar el control de la pandemia.